A sólo 10 días de la salida definitiva, el Reino Unido y la Unión Europea (UE) mantenían ayer un complicado pulso sobre los derechos de pesca, que bloquea cualquier perspectiva de un acuerdo comercial “posbrexit”.
Estas interminables negociaciones prosiguen en momentos en que la pandemia de la Covid-19 acapara la atención de los británicos: el gobierno acaba de anunciar el reconfinamiento de Londres y el sureste de Inglaterra para atajar un repunte de los contagios debido a una nueva cepa.
“Estoy seguro de que se puede llegar a un acuerdo, pero evidentemente es necesario un movimiento por parte de la UE”, declaró el ministro británico de la Salud, Matt Hancock, ayer en Sky News. “Lamentablemente, la UE ha formulado exigencias irrazonables”, agregó.
La víspera, tras una jornada de negociaciones en Bruselas centrada en la pesca, una fuente británica ya advirtió que no habrá acuerdo a menos que se produzca un “cambio sustancial” en las posiciones de Bruselas en los próximos días.
Se tiene que llegar a un compromiso rápidamente, antes de que el Reino Unido –que dejó el bloque oficialmente el 31 de enero– salga del mercado único europeo el 31 de diciembre.
Sin un tratado de libre comercio, las relaciones entre ambas partes se regirán por las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), un escenario de consecuencias económicas imprevisibles que conlleva aranceles y cuotas.
A la presión del calendario, se suma para los europeos la fecha límite del Parlamento Europeo: los eurodiputados reclaman un texto, para examinarlo y ratificarlo y que pueda entrar en vigor el 1 de enero de 2021.
Para evitar la temida ruptura sin acuerdo, cuyo impacto económico sería todavía peor, esta fecha límite tiene todos los números para ser postergada, como tantas otras en la saga del Brexit.
Un pacto alcanzado in extremis podría entrar en vigor de forma provisional, una opción con la que parece que están de acuerdo los países miembros, con una ratificación posterior del Parlamento Europeo.
Los europeos supeditan el acceso sin derechos de aduana ni cuotas a su inmenso mercado a un acuerdo sobre la cuestión pesquera. Se trata de un tema clave para los británicos, puesto que la UE es su principal socio comercial. Para varios países europeos, como Francia y Holanda, la pesca es de gran importancia política y social, pese a que representa un peso económico pequeño. En el centro del debate están los $800 millones en pesca capturada cada año por las flotas europeas en aguas británicas.