El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura (Cciap), Jose Ramón Icaza, dijo ayer que “mientras las empresas se han visto obligadas a hacer ajustes en sus presupuestos, el sector público no da muestras de la austeridad verdadera que se necesita”.
Esta fue parte de su intervención ayer durante la III Asamblea General Ordinaria del gremio que preside.
“Esperamos un manejo responsable de las finanzas públicas”, sostuvo el empresario, que recordó que el aumento en el gasto corriente y en planilla estatal limita la capacidad de inversión.
“El sentir que recogemos de la población en este sentido es frustración, el presupuesto general del Estado se paga con nuestros impuestos o con deuda y consideramos, que en ocasiones, no se hace un uso adecuado de estos fondos”. Por eso, dijo que han solicitado tanto al Ejecutivo como al Legislativo “una revisión a conciencia” del presupuesto.
El empresario hizo estas referencias justo cuando se está discutiendo el presupuesto general del Estado para 2022, con una asignación inicial propuesta por el Gobierno de $25 mil 126.6 millones.
El proyecto de ley fue devuelto la semana pasada desde la Asamblea al Ejecutivo con propuestas que provocarían un aumento en el monto del presupuesto de $311 millones para totalizar $25,437.6 millones.
Icaza se refirió también al diálogo de la Caja de Seguro Social, situación que pone presión sobre las finanzas públicas ante el eventual agotamiento de reservas para pagar las pensiones.
Dijo que este es un tema “urgente y fundamental” y defendió la propuesta presentada por el sector privado que consiste en tres pilares: uno solidario no contributivo; un segundo pilar obligatorio de ahorro individual; y un tercero de ahorro voluntario y complementario.
Esta propuesta está sujeta a revisión y escrutinio, pero dejó claro que el actual “Sistema de Beneficio Definido no es universal ni solidario y no es sostenible. Las matemáticas son exactas y no dan, el tiempo se agota”.
Además del diálogo sobre el futuro de las pensiones, Icaza se refirió a otros dos procesos de debate que se están produciendo actualmente y que pueden definir normas clave para la democracia. Sobre el Pacto del Bicentenario, donde se abordan, entre otros temas, eventuales reformas a la Constitución, dijo que la expectativa es “que se respete lo que salga del Pacto del Bicentenario y que haya un compromiso real en hacer propios los acuerdos y ejecutarlos”.
En cuanto a las reformas electorales que se discuten en la Asamblea y que han generado el rechazo ciudadano por los cambios introducidos por los diputados a las recomendaciones efectuadas por la Comisión Nacional de Reformas Electorales, Icaza dijo que aún queda un segundo debate “donde hay oportunidad de mejorar nuestro proceso electoral en función de la transparencia, equidad, rendición de cuentas y justicia como vía para fortalecer el sistema democrático. Los diputados y el Tribunal Electoral, como garante y custodio de la democracia, deben jugar el rol que les corresponde”, aseguró.
En materia de respeto a los valores y su vínculo con la institucionalidad, el empresario dijo “desde hace más de una década, el país ha vivido una vorágine de escándalos relacionados con corrupción y falta de transparencia, hecho que se agravó en tiempos de pandemia. Realmente nos preocupa el rumbo que lleva el país y los ciudadanos tenemos que despertar”.
En ese sentido se refirió a la importancia que tiene para una democracia la existencia de un Estado de Derecho real y de una ciudadanía que, “en todos sus roles”, respete las normas y se comprometa con valores como la honestidad.
Por su parte, quiso reconocer el proceso utilizado por el presidente de la República, Laurentino Cortizo, para la selección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia, algo que calificó como la oportunidad de “de dar un viraje de timón al sistema de administración de justicia”.
Reactivación
La economía trata de salir de una profunda crisis provocada por las restricciones impuestas por el Gobierno para contener la pandemia del nuevo coronavirus.
Icaza dijo que actualmente la mayoría de sectores pueden operar, “pero su reactivación no es automática”. Por eso, dijo que “la dinámica de empleo, consumo y crecimiento requiere del incentivo del crédito a través de fórmulas de riesgo compartido entre sector público, privado y multilaterales”.
Esta sería una de las herramientas para propiciar la generación de empleo, el camino para poner en marcha la economía del país. Al cierre de agosto, aún quedaban más de 101 mil trabajadores con contratos suspendidos.
Mirando un poco más allá en el horizonte, Icaza apunta al turismo, la agroindustria y la logística como tres sectores a los que apostar para la generación de empleo.
El empresario repasó algunas de las iniciativas públicas y privadas que se trabajan para fomentar estos sectores.
En el caso de la agroindustria, se refirió a la participación del gremio en la reglamentación de la Agencia Panameña de Alimentos (APA), “que permitirá eficiencia y celeridad, a través del desarrollo e implementación de un sistema integrado de trámites”.
En este mismo sector, recalcó que sigue siendo de “gran preocupación” la disputa comercial con Costa Rica y destacó la urgencia de que los dos gobiernos encuentren un equilibrio en los procedimientos requeridos a fin de resolver la situación y retomar el intercambio comercial de alimentos.
Reconocimiento
En la jornada se le concedió la Orden Horacio Alfaro al empresario Guillermo Chapman. Esta es la máxima condecoración que otorga la institución a personas que hayan procurado el desarrollo nacional de forma desprendida tanto desde el sector público como privado, explicó el gremio.
Chapman, quien fuera ministro de Planificación y Política Económica, dijo que en la historia de Panamá ha habido grandes periodos de auge, entre ellos el que va de 1990 a 2019, en el que Panamá registró las tasas más altas de crecimiento del producto interno bruto por habitante del hemisferio occidental.
Al contrario de lo sucedido en otras regiones del mundo, las épocas de bonanza no han traducido en la creación de un estado de bienestar para satisfacer necesidades básicas de la población.
Se refirió, por ejemplo a la elevada desigualdad en la distribución del ingreso y a niveles a niveles de pobreza que no se corresponden con el crecimiento económico experimentado.
El economista dijo que “a esta generación le corresponde promover la puesta al día del país con su potencial de desarrollo”, en términos de crecimiento, equidad y bienestar social.
Entre las metas a lograr, planteó dotar a la población de buena calidad de salud, educación, aseo, agua potable, vivienda y transporte; reducir los índices de pobreza; estructurar el Órgano Legislativo de forma que favorezca la elección de legisladores que promuevan los intereses nacionales y no los de pequeñas circunscripciones; contar con un sistema judicial que administre justicia de manera efectiva, honesta y oportuna; y asegurar la transparencia de las operaciones del poder Ejecutivo, con un sistema de fiscalización y rendición de cuentas al alcance de los ciudadanos.
