El sector turístico ha sido probablemente el más golpeado por la pandemia del nuevo coronavirus tanto en Panamá como internacionalmente.
Y es, a la par, uno de esos sectores con potencial para capitalizar la incipiente recuperación.
No obstante, la permanencia de restricciones de movilidad en algunos lugares del país y los controles biosanitarios para los viajeros, especialmente para los que proceden de Sudamérica, suponen una losa para la recuperación del sector.
Ayer, en el foro del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP) titulado “¿Qué tan cerca estamos de nuestra recuperación económica?”, dos representantes del sector turístico privado, Ernesto Orillac y Jackeline Bern, mostraron el sentido de urgencia que requiere la activación del sector.
Orillac, presidente de la Cámara Nacional de Turismo de Panamá dijo a este diario que los destinos que han entendido la importancia del turismo se están recuperando más rápido. Puso el ejemplo de República Dominicana que en junio había recuperado el 80% del tráfico de turistas previo a la pandemia.
En Panamá, a su juicio, las restricciones desincentivan la llegada de visitantes.
Por ejemplo, los turistas que proceden de Sudamérica deben guardar una cuarentena de tres días tras su ingreso en Panamá.
Orillac explicó que los viajeros procedentes de Sudamérica que vienen vacunados con pauta completa y prueba negativa de coronavirus deben ser eximidos de la cuarentena.
Más allá de Sudamérica, los países con mayor nivel de población vacunada están generando un gran volumen de viajes y el sector teme perder la oportunidad de captar parte de ese mercado por las restricciones de movilidad dentro de país y las exigencias de ingreso al territorio nacional.
Construcción
Otro de los sectores analizados ayer en el foro del CoNEP fue la construcción, uno de los que más peso tiene en la composición del producto interno bruto (PIB) y cuya contracción explica buena parte de la caída del 17.9% de la economía panameña el año pasado.
Los representantes del sector privado en el foro, Gabriel Diez M. y Gustavo Taft, expusieron algunas de las propuestas que ha planteado la empresa privada en las mesas de trabajo sectoriales conformadas a partir de la presentación de 47 propuestas del CoNEP al Gobierno el pasado mes de abril.
Diez hizo hincapié en la importancia de reducir el inventario existente para que se den nuevas inversiones. Por eso, el gremio espera la reglamentación de la ley de arrendamiento inmobiliario, que regula la figura del alquiler con opción de compra, y también plantea la posibilidad de crear un programa de garantías estatales para determinados préstamos hipotecarios, de manera que se incentive a los bancos a conceder préstamos para la adquisición de viviendas. Taft reconoció que el reto de esta iniciativa es la difícil situación fiscal del país, por lo que se está trabajando en una propuesta que sea viable para el Estado y que a la vez ayude al sector.
Las empresas de la construcción trabajan además con las autoridades locales para lograr cierta estandarización en la tasas que se aplican a los proyectos, ya que los criterio varían dependiendo del municipio y, en ocasiones, en el caso de la construcción de carreteras, los municipios quieren cobrar una tasa respecto del monto total del proyecto y no de la parte de la obra que pasa por ese territorio.
Otra de las tareas pendientes para activar el sector y agilizar las inversiones pasa por simplificar y digitalizar la gran cantidad de trámites que se requieren para ejecutar un proyecto.
El presidente de la Cámara Panameña de la Construcción, Jorge Lara, dijo que la industria “está altamente regulada por 18 instituciones del Estado” y señaló que estas deben trabajar de manera mancomunada.
En lo que respecta al Ministerio de Obras Públicas, el titular Rafael Sabonge manifestó que en las próximas semanas se anunciará un nuevo manual de aprobación de planos, un proceso que será digitalizado para mayor agilidad.
Sobre las inversiones que adelanta el MOP, Sabonge habló de tres tipos de proyectos. El primer grupo está conformado por 139 obras que se reactivaron el año pasado, cuando se levantaron las restricciones por la pandemia y que han supuesto la reactivación de 4,000 empleos directos.
El segundo grupo está conformado por 26 proyectos que se ejecutarán con el mecanismo “llave en mano”.
De ese grupo ya se han adjudicado cinco contratos, entre los que está la conexión de la cinta costera III con la calzada de Amador. Los otros 21 proyectos se estarían licitando en lo que resta del año, según el ministro.
El tercer grupo de obras sería las contratadas en la modalidad de asociación público privada, una fórmula que implica la inversión inicial por parte de la empresa y la recuperación de la inversión a través de la explotación de la infraestructura.
Sabonge dijo que la inversión privada en estas obras será de $2,500 millones. El proyecto más ambicioso, agregó, es el programa de mantenimiento por estándares de 2,000 kilómetros de vías en todo el país.
También se están estructurando bajo esta modalidad el Corredor Norte de David y una autopista costanera entre Panamá Pacífico y Puerto Caimito, que eventualmente podría llegar hasta el sector de Sajalices, en lo que sería una vía alternativa de peaje a la carretera Panamericana.
El tercer sector analizado ayer en el foro fue el agropecuario.
Manuel Fernández, expresidente de la Asociación Panameña de Exportadores explicó que una de las propuestas acordadas tiene que ver con la asignación de fondos procedentes de la tasa FECI, que cobran los bancos a determinados préstamos. Así, un 30% de los fondos se usaría para un programa de fianzas emitidas por el Instituto de Seguro Agropecuario a favor del productor para que este la presente como parte de su garantía y se facilite la concesión de préstamos. Un 40% se destinaría al fideicomiso de competitividad agropecuaria, recursos que se conceden a los productores una vez efectuadas las inversiones, y el 40% restante se utilizaría a fortalecer programas del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida).
Carlo Rognoni, viceministro del Mida, dijo que la decisión final sobre la distribución de los fondos recae sobre el gabinete agropecuario y se refirió, además, a las limitaciones presupuestarias ocasionadas por la pandemia.
