En medio de una crisis sanitaria, catástrofe económica, desempleo galopante y angustia social, Panamá necesita inyectar $10 mil millones a la economía y comenzar a recuperar los 289 mil empleos perdidos en el 2020, 4 de cada 5 de ellos de trabajadores con ingresos inferiores a los $750 mensuales. La crisis de liquidez en el sistema y cualquier demora para resolverla seguirá afectando principalmente a la clase humilde.
La planilla estatal aumentó, y el impacto laboral de la Covid-19 lo está sufriendo exclusivamente el sector privado, que perdió 327,340 plazas de trabajo, 37% de sus empleos formales, acentuando la contracción que inició en el 2013, cuando éstos representaban 53% de la fuerza laboral del país, para caer a 33% en el 2020, una reducción de 20 puntos en 7 años. Hoy, 2 de cada 3 trabajadores en Panamá son informales y funcionarios.
La precaria situación fiscal y alto endeudamiento del Estado, así como la severa descapitalización del sector privado, luego de un año de cuasiparalización económica, plantean dos alternativas a corto plazo, simplificar la tramitología para que la liquidez bancaria fluya rápidamente a los sectores que la necesitan (particularmente Mipymes) y atraer Inversión Extranjera Directa (IED).
289 mil plazas de trabajo perdidas equivalen a 6.4 años de generación de empleo, a lo que hay que agregar los aumentos esperados en Población Económicamente Activa (PEA). Para poner las cosas en perspectiva, asumiendo que este año tuviéramos la misma PEA que en el 2019, reducir el desempleo de 18.5% (2020) a 15% requerirá generar 125 mil empleos, 80 mil más que el promedio anual 2014-2019, y 42 mil más que los 83 mil empleos creados en el 2012 (máximo histórico), cuando estaba en marcha la Ampliación del Canal, Línea 1 del Metro, proyectos de infraestructura, con una inversión pública de $3 mil millones y una inversión privada por encima de los $10,400 millones, así como un crecimiento del PIB del 9.8% (11.3% en el 2011).
En octubre 2016, el Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard publicó un Informe titulado “Cambiando esclusas: Un diagnóstico del crecimiento de Panamá” que señala: mientras Panamá mantenga el flujo entrante de IED – más estable que las inversiones de portafolio a corto plazo y presumiblemente una fuente de mayor productividad – el déficit de Cuenta Corriente (Balanza de Pagos) no será un problema. En este sentido, resulta interesante el hecho de que la fuente principal (60%) de la IED en Panamá viene de la reinversión de ganancias…
Agrega que las multinacionales que operan en Panamá han reinvertido más del 70% de sus ganancias en la economía desde 2013. Esta es una fuerte señal de confianza en el país y su vibrante economía. Es preferible depender de reinversión de utilidades como una fuente estable de divisas que requerir atraer todos los años nuevas multinacionales.
Panamá ha sido un destino predilecto para la IED en los últimos años. Sin embargo, The Economist, en su Informe “Politics, populism and policy: operational risk in Latin America” (Política electoral, populismo y política: riesgo operacional en Latinoamérica), publicado el 17 de marzo 2021, plantea que el deterioro en la gobernabilidad y la debilidad del Gobierno ante presiones de corte populista representan un alto riesgo para los negocios en Panamá.
Los señalamientos de The Economist se traducen en amenazas directas a la rentabilidad y seguridad jurídica de las inversiones en nuestro país.
La mejor promoción para atraer (o ahuyentar) IED es la experiencia de los inversionistas extranjeros que ya están aquí. Recientemente se han dado cuestionamientos a la seguridad jurídica de inversiones extranjeras en Panamá, asociadas al cambio de las reglas de juego para Minera Panamá, la mayor inversión extranjera en la historia del país ($6,700 millones), la Ley 508 sobre Educación Virtual, y la salida de cuatro generadoras del sistema eléctrico (280 MW menos de capacidad) por problemas de liquidez derivados de la Ley de Moratoria.
Independiente de la validez de los argumentos detrás de estos casos puntuales, es importante dialogar para buscar soluciones y consensos, a fin de contrarrestar la imagen de un país “hostil” hacia la IED.
El reto es enorme. La contracción del consumo es de unos $600 millones mensuales, las cotizaciones a la Caja del Seguro Social (CSS) cayeron 40% en el 2020 y los ingresos fiscales en 27.9%. Sin inversión privada (tanto nacional como extranjera) no habrá generación de empleo. No hay tiempo que perder discutiendo “quiénes son los buenos y quiénes son los malos”.
El autor es consultor empresarial.
