Hay urgencia por resolver la crisis del sistema público de pensiones administrado por la Caja de Seguro Social (CSS). Pero todas las cartas tiradas hasta este momento indican que las posibles soluciones están lejos de discutirse con certeza y con debida diligencia.
Mientras tanto, las reservas del subsistema exclusivamente de beneficio definido de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) tienen sus días contados.
Como los ingresos anuales de este programa son insuficientes para pagar las jubilaciones anuales, se ha ido tomando parte de los ahorros, por lo que queda muy poco en dicho fondo. El pronóstico es que se agotarán en el 2024.
Pero incluso podría ser antes, dependiendo del flujo de caja de 2021, aún desconocido.
El problema es enorme, ya que contabilizando a los actuales y futuros pensionados de este programa, la deuda real en el IVM de beneficio definido es de entre $65 mil millones y $75 mil millones, según los cálculos que ha hecho la Junta Técnica Actuarial de la CSS.
Es decir, que Panamá enfrenta una deuda pública actual en el sector público no financiero de $40,385.5 millones, además de otros $65 mil millones que debe pagarle a los trabajadores en concepto de pensiones de aquí a 2079.
Si no hay suficientes ingresos en el IVM y las reservas prontamente se acaban, entonces de dónde se pretenden sacar los fondos, y el Gobierno qué pretende sacrificar, se pregunta Juan La Calle, uno de los representantes del sector privado sentado en el diálogo de la CSS.
Este ejercicio de discusión ciudadana que hasta ahora no ha tenido ningún resultado, permanece en un impasse, sin fechas próximas de reactivarse y esperando que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) termine un análisis a mediados de este año para volver a la discusión de las posibles salidas a la crisis del IVM.
Con el tiempo en contra, el presidente Laurentino Cortizo dijo el pasado 2 de enero que espera que la OIT haga el estudio actuarial de este programa “para la toma de decisiones”. Rafael Mezquita, uno de sus asesores, dijo en Telemetro que “las reformas requeridas tendrá que hacerlas el nuevo [próximo] Gobierno”, pues el de Cortizo solo llegará hasta el informe actuarial.
Ayer, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá advirtió que postergar la toma de decisiones y de acciones con respecto a la CSS es irresponsable.
Enfatizó la gravedad de la situación de la CSS, al tiempo que subrayó “la urgente necesidad de tomar decisiones con respecto al programa de IVM”, cuanto antes.
Jose Ramón Icaza, presidente del gremio, reiteró que se mantienen optimistas ante la posibilidad de que la incorporación de la OIT contribuya a una salida ante la grave situación financiera.
“Sin embargo, nos mantenemos vigilantes, esto debe aportar una definición certera y pronta, no dilataciones innecesarias”.
El gremio pondera que pretender postergar la toma de decisiones sería “abocar a la próxima administración gubernamental a una situación en la que tendría que escoger entre las pensiones y la inversión pública, con el consecuente daño a la economía interna y a la calificación de riesgo del país”.
“Diferentes entidades bancarias han señalado la importancia de buscar una solución real, sostenible e inmediata, al sistema de seguridad social en Panamá, para evitar el riesgo de una reducción en la calificación de riesgo y una consecuente pérdida del grado de inversión, lo cual sería devastador,” dijo Icaza.
“Esto encarecería el acceso al crédito tanto para el país, como para las empresas y los ciudadanos. Al tiempo que, afectaría nuestra capacidad de atraer inversión extranjera, necesaria para la reactivación económica; y cercenaría las posibilidades de contar con acceso a los mercados financieros, lo cual permitió en el pasado un crecimiento económico importante, apalancado en obras de infraestructura, construcción comercial y residencial; así como, el desarrollo de nuestro hub de conectividad que impulsó el turismo, creando miles de empleos”.
El problema del IVM es reconocido por la administración de la CSS y la junta de actuarios.
La OIT realmente hará las funciones de un árbitro, con una visión actuarial ajena al problema, pero el diagnóstico será el mismo o, incluso puede ser peor.
El desafío será ponerse de acuerdo en la búsqueda y aplicación de una solución a largo plazo.
La Calle lo resume de una forma muy simple: “Nadie puede cambiar el hecho de que vivimos más después de jubilarnos y el reemplazo generacional es más bajo, con lo cual los aportes al IVM definido nunca serán suficientes”.
Desde 2011 hasta 2019 los estudios actuariales hechos por la administración de la CSS reflejaban que las reservas se acabarían entre 2025 y 2026.
Pero con las consecuencias de la Covid-19 en el empleo y la economía, reflejadas en una menor recaudación en la cuota obrero-patronal que pagan los trabajadores y las empresas, se ha precipitado el uso de las reservas para el pago de las pensiones.
De acuerdo con las proyecciones de la CSS, al cierre de 2021 las reservas del subsistema exclusivamente de beneficio definido acumularían $1,262.2 millones, hasta quedar en $410.7 millones al cierre de 2023, los cuales se usarían para cubrir el pago de pensiones en 2024.
