En el recurso legal para que se declare la nulidad de los contratos de Panamá NG Power, el demandante Moisés Bartlett solicita a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia que previa admisión se ordene la suspensión de la prórroga dispuesta por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) y los efectos jurídicos que se desprendan de dicha orden.
Indica el abogado Bartlett, en la demanda presentada el 21 de mayo, a título personal y en representación de la colectividad, que esta petición es viable porque la prórroga de los contratos, constituye un acto que causa grave perjuicio a los consumidores.
El demandante se refiere a los tres contratos de suministro de energía firmados por NG Power con las distribuidoras Edemet, Edechi y ENSA tras adjudicarse la licitación en 2013. La empresa debía comenzar la construcción de la planta de generación con gas natural para suministrar energía a partir del 1 de noviembre de 2016, pero no pudo cumplir porque tuvo una serie de tropiezos por lo cual solicitó al regulador introducir enmiendas para prorrogar la vigencia de los contratos.
Los contratos son por 20 años, de los cuales durante los primeros cuatro años NG Power debía suplir 400 megavatios (MW) distribuidos en 200 MW para Edemet, 160 MW para ENSA y 40 MW para Edechi. En los siguientes 16 años NG Power debía suplir 550 MW. Aun se desconoce a partir de cuándo es la prórroga de los contratos pero en la página web de la ASEP aparece que sería a partir de septiembre de 2023 o vigentes hasta septiembre de 2043.
Recursos por decisiones de la ASEP
Existen precedentes en la admisión de recursos similares a la demanda de nulidad presentada por el abogado Moisés Bartlett. En 2019, la Corte Suprema de Justicia admitió un amparo presentado por NG Power contra una decisión de la ASEP. También admitió una demanda contencioso de nulidad presentada por Enrique De Gracia en su propio nombre por los derechos difusos. Bartlett recuerda que desde 2018 presentó una denuncia penal contra el estudio de impacto ambiental Categoría II que se hizo para el proyecto de NG Power cuando la normativa exige Categoría III, pero no ha habido decisión. Asegura que ha acudido ante la Autoridad del Canal de Panamá, la Autoridad Marítima de Panamá y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá “por un contrato ilegal que ampara un proyecto fantasma de papel”.
“Esto aumentaría el costo de la canasta básica familiar, aumentaría el costo del subsidio eléctrico y por ende disminuiría el nivel de inversión del Estado en educación, salud y desarrollo social”, advierte Bartlett.
Como parte de su sustento, señala que los contratos “van a encarecer sustancialmente las tarifas que pagamos todos los clientes de las distribuidoras, al ser el precio contratado más alto de todos los que actualmente tienen las tarifas”.
Indica que para el periodo enero-junio de 2021 el precio monómico (combinación de los cargos de potencia y energía) incorporado en la tarifa es de $0.1129 centésimos por kilovatio hora (kwh), el cual es menor que el precio resultante de los contratos de Panamá NG Power de $0.1170 kwh, ya indexado con el precio del gas natural al 11 de mayo de 2021.
Desde 2004, el Estado panameño subsidia con aproximadamente el 30% del costo de la tarifa, a través del Fondo de Estabilización Tarifaria, a todos los clientes que consumen hasta 300 kilovatios hora al mes.
Añade el demandante que cada centavo de costo en el kwh del contrato de Panamá NG Power, representa más de $33 millones de facturación anual a los consumidores. Esta suma en el contrato por 20 años representaría $660 millones, señala.
La información de incremento en el costo de la tarifa, que advierte Bartlett, está contenida en el comunicado expedido por la Cámara Panameña de Generadores Hidroeléctricos del 12 de mayo de 2021, el cual se aporta como prueba.
Explica que esta situación de hecho, “en condición de ciudadano de la República y consumidor de los servicios de energía eléctrica, nos legítima para interponer esta acción de nulidad, contra la decisión de la ASEP, de prorrogar mediante enmiendas, los contratos de potencia y energía eléctrica, por el impacto negativo al costo de la canasta básica familiar”.
Licencia no vigente
El demandante alega que Panamá NG Power dejó de tener una licencia vigente, al momento en que se le vencieron todos los términos señalados por el regulador. Agrega que en consecuencia la prórroga y posterior cesión de los contratos de potencia y energía que tenía con las distribuidoras, “es ilegal y nula, pues al no tener licencia vigente Panamá NG Power, estos contratos de potencia y energía quedaban sin efecto, conforme las cláusulas de terminación establecidas en esos contratos”. Para hacer una prórroga y posterior cesión de cualquier contrato de potencia y energía se requiere que las partes cuenten con una concesión o licencia vigente para la producción y venta de energía. La exigencia legal de contar con una concesión o licencia vigente se constituye en una “conditio sine qua non” para cualquier prórroga o cesión de contrato de potencia y energía. La norma no establece límite de tiempo para admitir o no esta demanda de nulidad.
