El contralor general de la República, Gerardo Solís dijo ayer que ha recomendado a la Autoridad Marítima de Panamá “buscar los resortes dentro de la junta directiva de la empresa” para que Panamá Ports Company (PPC) “adquiera el compromiso de por lo menos repartir la parte de dividendos que corresponden a Panamá”.
El Estado panameño es dueño del 10% de las acciones de PPC, según lo establecido en el contrato Ley 5 de enero de 1997, cuyo periodo de concesión de 25 años vence en enero de 2022, pero el Gobierno del presidente Laurentino Cortizo debe decidir si otorga la prórroga automática del contrato por otros 25 años, tal como se estableció en el acuerdo.
La recomendación de Solís es parte de las consideraciones presentadas al concluir la auditoría de cumplimiento del contrato que cubrió un periodo de 23 años y 5 meses, en la que participaron 25 profesionales entre auditores, abogados y financistas, entre otros, con 9 mil 904 horas de trabajo.
“Nosotros nos limitamos al análisis técnico de lo que es la evaluación del cumplimiento del contrato. Lo que ha quedado claro es que de acuerdo al texto del contrato en los diferentes momentos, han cumplido”, dijo el contralor Solís al presentar el informe acompañado de Luis Enrique Quesada, director de Asesoría Económica; Alcides Segovia, director de Auditoría General y Samuel Moreno, director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo.
Estados financieros Panama Ports
$4,345 millones de ingresos entre 1997 y 2019.
$3,435 millones en desembolsos durante el periodo.
$1,695 millones en inversiones hizo la empresa en 23 años.
$909.9 millones en utilidades acumuladas durante el periodo de 1997 y 2019.
El contrato fue modificado a través de una resolución en 2002 con lo cual se eliminó el pago anual de $22.2 millones como canon fijo y el 10% de los ingresos brutos que PPC se había comprometido a pagar, dos de las razones por las cuales se ganó la concesión.
Desde 1997 hasta la fecha, PPC ha pagado al Estado $8 millones en total de dividendos. El primer pago lo hizo PPC en 2015 por $1 millón.
En enero de 2020 la empresa informó que “se dieron las condiciones óptimas de rendimiento lo que conllevó a que la junta directiva decidiera declarar y pagar dividendos a sus accionistas por la suma de $10 millones, de los cuales $1 millón se destinaron al Estado por su participación accionaria del 10%”. Luego, en reunión de la junta directiva celebrada en noviembre de 2017, se decidió declarar y pagar dividendos adicionales por $20 millones, de los cuales $2 millones correspondieron al Estado. En 2018, bajo consenso de la directiva se hizo un nuevo pago de $20 millones, de los cuales $2 millones correspondieron también al Estado panameño. En 2019 se pagó dividendos por $30 millones, de los cuales $3 millones corresponden al Estado panameño. El contralor Solís dijo que las empresas no están obligadas a pagar dividendos y pueden decidir reinvertir esas ganancias o retenerlas.
Según el resultado de la auditoría, la empresa tuvo en 23 años y cinco meses, ingresos acumulados por $4 mil 345 millones y realizó desembolsos por $3 mil 435 millones con una utilidad acumulada de $909 millones 991 mil.
Con base de estos resultados, el Estado debía haber recibido más de $90 millones, es decir, se dejaron de pagar unos $82 millones de los dividendos que le correspondían al Estado por el 10% de las acciones.
Solís dijo que además recomendó aumentar la tarifa por movimiento de contenedores que actualmente es de 12 dólares y que según lo que se había acordado se debió hacer en 2014 pero no se aplicó. En la adenda 1 de este contrato, la empresa aceptó que los aumentos por movimiento de contenedor pueden llegar hasta $19 “al final de la concesión”. No obstante, el contralor reconoció que hacer un ajuste de tarifa actualmente implica una evaluación del mercado en medio de una pandemia y un comercio mundial contraído, además de que ese ajuste se tendría que aplicar al resto de los operadores portuarios del país.
Toca esperar cual será la decisión para esta concesión de un gobierno del Partido Revolucionario Democrático, mismo colectivo que estaba en el poder en 1997 cuando se otorgó el contrato y cuando se revisó en 2005.
