A pesar de la participación de 37 empresas de generación en la licitación a corto plazo para la compra de energía y potencia, solamente se adjudicará un 30% de los requerimientos de energía para las empresas de distribución.
Algunos agentes de mercado señalaron que el oferente virtual limitó que se adjudicara un mayor porcentaje de energía porque se estableció un precio tope de 70 dólares el megavatio o 7 centésimos el kilovatio hora.
La Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa) dio a conocer un informe preliminar el pasado viernes 20 de agosto a través de una reunión virtual sobre el resultado de las propuestas recibidas el 19 de julio.
El informe de la evaluación final de esta licitación la debe dar a conocer Etesa en las próximas horas.
Con esta licitación se debía contratar la potencia y energía requerida entre noviembre de 2021 y diciembre de 2023 para cubrir el requerimiento de los clientes de las distribuidoras Naturgy y ENSA.
De acuerdo con la regulación, las empresas de distribución deben tener el 100% de la energía contratada para suministrarla a los clientes. Actualmente el porcentaje que no está contratado se estima en un 25%, pero este se compra en el mercado ocasional, donde los precios varían hacia arriba y hacia abajo, dependiendo distintos factores de mercado.
De acuerdo con los registros, en las cuatro últimas licitaciones a corto plazo, se ha fallado en adjudicar el 100% de los requerimientos de energía. En la licitación de 2017, solo se adjudicó el 14% de los requerimientos de energía. En 2019, la licitación fue cancelada; en 2020, solo se adjudicó el 38% de los requerimientos en el renglón de solo energía y en esta de 2021, solo se adjudicará el 30% de los requerimientos en el renglón de solo energía.
Según lo anunciado por Etesa, la licitación de contratación a corto plazo era para el suministro de potencia firme con un promedio requerido de 249 MW y de energía con un promedio requerido de 118 gigawatts hora (GWh), exclusivo para las centrales de generación termoeléctricas y renovables.
Se pretendía asegurar la disponibilidad de una oferta energética eficiente, capaz de abastecer la demanda bajo criterios sociales, económicos y de viabilidad financiera.
