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Subcomisión analiza proyecto

Voceros de los empleadores aseguran que no apoyan la iniciativa de un pago de $50 a los trabajadores que no han laborado desde el mes de abril. El informe se debe presentar la próxima semana a la Comisión de Trabajo.

Subcomisión analiza proyecto

Las propuestas contenidas en el proyecto de ley 354 -presentado el pasado jueves por la ministra de Trabajo, Doris Zapata, ante la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo de la Asamblea Nacional-, “no están orientadas a favorecer al sector empleador”, como sugieren los trabajadores.

Así lo dio a conocer ayer, Severo Sousa, expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), en el marco de la conformación de la subcomisión para el estudio y análisis del proyecto de ley 354, que establece medidas temporales de protección del empleo en las empresas afectadas por la Covid-19.

“Yo no lo veo que va orientado solamente a favorecer al sector empleador. Creo que el Ejecutivo ha tratado de hacer un balance para ambas partes pero, en realidad, pareciera ser que en algunos casos se están mandando cargas menos flexibles para trabajadores y empleadores y de ahí el descontento”, dijo Sousa.

El proyecto de ley 354 plantea varios cambios transitorios en la relación laboral, entre ellos, la extensión de la suspensión temporal de los contratos de trabajo hasta el mes de diciembre y el pago de $50 como reconocimiento del decimotercer mes para los trabajadores suspendidos.

Los trabajadores piden que se desestime el proyecto por considerar “que se echan abajo las conquistas logradas por los panameños durante años”.

“Este anteproyecto, con todo lo que establece, nos lleva a 1940: se rebaja el decimotercer mes, aumenta la jornada extraordinaria de trabajo, se rebaja el monto que va a pagar [el empleador] por la jornada extraordinaria, además los empleadores pueden mover al trabajador como le de la gana, y esto no puede ser”, dijo Nelva Reyes, secretaria general de la Central General Autónoma de Trabajadores de Panamá.

Desde ayer, la subcomisión, integrada por los diputados Crispiano Adames (PRD), Ana Giselle Rosas (Cambio Democrático) y Víctor Castillo (PRD), analiza la sugerencia de los trabajadores y empleadores, antes de ir al primer debate.

“Hasta ahora, hay muchos puntos a favor y muy pocos en contra. En ese sentido, creemos que va a ser más fluido el diálogo. Creemos que se pueden tomar algunas decisiones respecto a algunos artículos desde hoy”, señaló el diputado Victor Castillo.

Por su parte, la diputada Ana Giselle Rosas manifestó que se deben buscar mecanismos para apoyar a empresas y trabajadores, más allá de un proyecto de ley.

“El Gobierno debe establecer un plan económico amplio y que no sea solo a través de una ley que se asegure esta reactivación. Tiene el Gobierno que ponerse la mano en el bolsillo y ayudar a las pequeñas y medianas empresas, así como atender las necesidades de los trabajadores”, dijo la parlamentaria.

Reconoció que actualmente “no se pueden reactivar las actividades económicas a costilla de reducir los beneficios o los derechos de los trabajadores”. También, “reconocemos que para las empresas es importante contar con un ambiente que les permita salir con fuerza en este momento”.

Durante la discusión en primer debate del proyecto, el pasado jueves, el Conep solicitó que se eliminen 6 de los 16 artículos del proyecto presentado por la ministra Zapata ante la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo .

El artículo 8 del proyecto 354 -relacionado con la segunda partida del decimotercer mes de 2020- es uno de los más cuestionados.

El Conep no cree conveniente que se altere la fórmula de calcular las partidas del decimotercer mes, al fijar un pago de 50 dólares a los trabajadores que no han laborado desde abril.

Consultado sobre este tema, Carlos Araúz, vocero y asesor de la Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas de Panamá, manifestó que fijar un pago de $50 representará una carga para el sector empresarial, en especial para las pequeñas y medianas empresas que no generan ingresos desde el inicio de la pandemia y tienen compromisos.

“No podemos apoyar una iniciativa de esa naturaleza por más pequeña que suene la cantidad”, dijo Araúz.

Hay empresas que tienen cinco meses con las puertas cerradas, pero siguen pagando el arrendamiento, impuestos municipales y el servicio eléctrico, que por el tema de la demanda, a pesar de estar cerrado se sigue pagando. “Entonces, $50 quizás para el empleado sea poco, pero para el empleador representa una carga adicional”, dijo.

Recomienda como alternativa, si se quiere reconocer a los trabajadores con $50, que lo haga el Gobierno.

“Estamos de acuerdo con que esa iniciativa sea cubierta por el Estado y que no se le llame decimotercer mes, porque hablar de decimotercer mes es ir en contra del Código de Trabajo, que precisamente los trabajadores están peleando porque no se toque”, señaló el asesor financiero.

Por su parte, los artículos 5 y 6 son los que más agobian a los trabajadores, ya que extiende el número de horas extraordinarias que se pueden trabajar por semana, pero reduce el cargo que deben pagar las empresas.

De aprobarse el proyecto, el recargo por hora extraordinaria en la jornada mixta quedaría en 25%, mientras que en horario nocturno bajaría al 50%, “lo que representará otro golpe a los trabajadores”, manifestó Eduardo Gil, secretario general de Convergencia Sindical.

Se espera que el próximo lunes o martes, el diputado Crispiano Adames rinda el informe definitivo de la subcomisión para proceder al primer debate del proyecto.



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