Elevar la capacidad de supervisión sobre las concesiones mineras, darle autonomía a la Dirección Nacional de Recursos Minerales y realizar procesos transparentes para dar en concesión los recursos minerales del país, son algunas de las peticiones que hacen al Gobierno la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) y la Cámara Minera de Panamá (Camipa).
La Cciap advierte que antes de hablar de futuras concesiones es importante reforzar la capacidad técnica y de supervisión de la Dirección Nacional de Recursos Minerales del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), así como del Ministerio de Ambiente.
“La dirección de recursos minerales está más orientada a las canteras y no a la supervisión de la minería metálica, y es por eso, que debe fortalecerse, quizás convirtiéndola en un ministerio de minas”, indicó el gremio.
La semana pasada el ministro del MICI, Ramón Martínez, sacudió la sector minero con el anuncio de la propuesta que entregó al Gobierno la compañía canadiense Broadway Mineral.
La empresa propone invertir 230 millones de dólares para reactivar la mina Molejón paralizada desde 2014 y que estaba en poder de la empresa Petaquilla Minerals. Broadway Mineral se inscribió en el Registro Público en noviembre en 2019 y desde 2020 viene conversando con el Gobierno sobre el futuro de la mina Molejón que entre 2011 y 2014 exportó oro por más de 200 millones de dólares.
De acuerdo con Martínez, el Estado recibiría $25 millones con la operación de Broadway Minerals, a través del pago de regalías y el impuesto sobre la renta.
La propuesta de la empresa canadiense, que tiene más experiencia en asesoría de proyectos mineros, que en la explotación de yacimientos, incluye un pago de 30 millones de dólares para cubrir los salarios caídos de 600 trabajadores de Petaquilla Minerales, y cancelar la deuda que dejó la empresa con la Caja del Seguro Social en concepto de cuotas obrero patronal.
Por su parte, la Camipa considera que para potenciar los beneficios que recibe el Estado del sector minero, es importante “la existencia de una institucionalidad fuerte, con capacidades técnicas pertinentes instaladas y con la jerarquía adecuada que le permita regular, supervisar y velar por el bien común y el estricto cumplimiento de la legalidad de manera efectiva, eficiente y con transparencia”.
El gremio minero indica que todo el tema relacionado con la concesión de la mina Molejón debe darse dentro de “un marco de competencia igualitario, amplio, transparente, con reglas claras, en un periodo razonable y con el objetivo de obtener los mayores beneficios para el país a través de empresas de amplia trayectoria y capacidades”.
Para el sector privado es prioritario conocer los pasivos ambientales, sociales y económicos generados por el cierre de la mina.
De ser aprobada la propuesta de exploración Broadway Minerals, la empresa debe realizar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) categoría III, además de un estudio sobre la cantidad de mineral que todavía queda por extraer.
En el EIA la minera debe fijar el método que utilizará para procesar el oro, que puede ser a través de tinas de relave como empleó Petaquilla o si exportará el material para que sea procesado en otros países como lo hace Minera Panamá.
Datos del Ministerio de Ambiente y del MICI indican que el último mantenimiento de las tinas de relave se realizó entre 2016 y 2017, mientras que un estudio de 2019 arrojó que están libre de contaminantes. En 2016 el Estado destinó más de 2 millones de dólares para bombear miles de galones de agua hacia el yacimiento para evitar un desbordamiento.
Regalías
El ministro del MICI indicó que la empresa pagaría el doble de las regalías que actualmente recibe el Estado, una alusión al 2% que actualmente se recibe por la explotación del proyecto Cobre Panamá, actualmente operado por First Quantum a través de su filial Minera Panamá.
Desde enero pasado el MICI negocia con First Quantum cambios en el contrato cuya base es la Ley 9 de 26 de febrero de 1997, que permitió la explotación del distrito minero de Donoso, provincia de Colón, y que en octubre de 2018 fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia.
Minera Panamá ha señalado que están en disposición de negociar el contrato para “para lograr un resultado que beneficie al país, a la industria minera y sea referente para mantener la inversión extranjera directa existente y atraer nuevas”.
Para la Cciap no puede tomarse una decisión sobre nuevas concesiones mineras si no se define el pago de las regalías. Opina que el pago debe ir en línea con los estándares de la industria internacional, sin ahuyentar la inversión como sucedió en Zambia.
Esta nación africana impuso un pago de regalías de 10%, decisión que afectó el desarrollo de nuevos proyectos, mientras que en Chile, el gobierno optó por fijar un pago de regalías de acuerdo a las condiciones de cada proyecto.
Desde el tercer trimestre de 2019 y finales de 2020 el Estado ha recibido regalías por $28 millones, mientras que para el primer trimestre del año Minera Panamá declaró un pago de $7.6 millones. Entre junio de 2019 y marzo de 2021 Cobre Panamá ha generado ventas por más de $2 mil millones.
