La administración del Aeropuerto Internacional de Tocumen presentó sus descargos ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas que tendrá que decidir si es procedente la apelación que hizo la empresa brasileña Odebrecht (CNO) contra la resolución administrativa del contrato ordenada el 28 de septiembre pasado.
En un escrito de 110 páginas, Tocumen respondió los señalamientos de CNO en su apelación donde asegura que el aeropuerto no tenía la capacidad para anular el contrato ya que debió solicitar un arbitraje tal como se estableció en el contrato firmado en 2012.
La empresa, que ha aceptado el pago de sobornos en una docena de países (incluyendo Panamá) para obtener contratos de infraestructura, indica que Tocumen se ha beneficiado de la operación de la nueva terminal luego que firmó la entrega sustancial del proyecto de 116 mil metros cuadrados en febrero de 2020.
Pendientes. Terminal de pasajeros
Cuando Tocumen recibió el proyecto en febrero de 2020, se estableció que Odebrecht debía reparar o atender 10 mil 547 trabajos, la mayoría relacionados con los sistemas de enfriamiento, contra incendios y programación de sistemas.
En sus descargos, Tocumen alega que en la cláusula 19 del contrato se establecieron las causales que lo facultaban a resolver el contrato, entre ellas, el incumplimiento de los términos del mismo. En este sentido, la terminal aérea, respondió que CNO no cumplió con más de 400 trabajos pendientes en la terminal 2 que se acordaron en la adenda 8 que venció el 30 de septiembre.
Entre estos trabajos pendientes está el sistema antisísmico de los ductos de enfriamiento, que de acuerdo con Tocumen, pone en riesgo la estabilidad de la estructura, que en caso de un desprendimiento podría causar daños físicos a los pasajeros y al personal del aeropuerto, además de provocar daños en otros equipos.
Tocumen también sustenta que el retraso en el Building Management Systems (BMS), programa que controla el acceso a las puertas de abordaje, el sistema de enfriamiento y demás equipos tecnológicos, impide tener acceso a todos los sistemas de detección de incendios, así como de los elevadores, escaleras, entre otros.
“ Adicional a los trabajos pendientes, la empresa debía resolver más de 2 mil trabajos que fueron incluidos en el periodo de garantía y que debían ser reemplazados, como la sustitución de pisos”.
Enrique Villegas, vicepresidente de proyectos de Tocumen, S.A.,
El aeropuerto argumenta que además de los trabajos pendientes, el contratista no ha logrado resolver daños en el techo, que a pesar de los arreglos que se han realizado, todavía persisten la filtraciones de agua que han causado deterioro en equipos y trabajos que previamente se habían aceptado.
Igualmente, indica que CNO no acató el llamado para instalar las luces en las plataformas de aterrizaje para permitir las operaciones nocturnas en la terminal aérea y que a la fecha no tienen constancia de contar con el material para ejecutar la instalación.
Adicional a las 133 pruebas que Odebrecht incluyó en su apelación, la empresa exigió a Tocumen facilitar el número de pasajeros y aerolíneas que se han atendido a través de la nueva terminal de pasajeros.
La terminal aérea advierte al tribunal administrativo que es falso que incumplió con el cronograma de pago tal como asegura Odebrecht al indicar que de los $917 millones que se acordó en el contrato y en las respectivas adendas, Tocumen ha cancelado $910 millones, quedando pendiente poco más de $7 millones, de los cuales, más de $4 millones corresponden a fondos retenidos.
Enrique Villegas, vicepresidente de proyectos de Tocumen, S.A. ha señalado que dentro de la ejecución de la adenda 8, CNO recibió más de $10 millones, quedando pendientes los pagos de agosto y septiembre que no se concretaron debido al incumplimiento por parte de la empresa en los avances acordados.
Luego que Tocumen entregó sus descargos, CNO introdujo una advertencia de ilegalidad ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia aduciendo que el aeropuerto basó su decisión de anular el contrato en una versión no vigente de la Ley 22 de Contrataciones Públicas, y pide a los magistrados que ordenen al tribunal administrativo que anulen la resolución administrativa, así como la inhabilitación de tres años que ordenó el aeropuerto para contratar con el Estado.
Para demostrar la validez de sus argumentos, Odebrecht solicitó al Tribunal se autorice la realización de una prueba pericial, con la cual la compañía quiere determinar la fecha exacta desde que Tocumen está utilizando la nueva terminal, así como establecer las razones que llevaron al supuesto incumplimiento de pago e impacto de la pandemia sobre el proyecto.
