Un nuevo giro tomó la disputa entre la administración del Aeropuerto Internacional de Tocumen y la empresa Odebrecht (CNO), luego que el Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá (Cecap) se declaró competente para atender la solicitud presentada por el contratista brasileño.
Hay que recordar que el 28 de septiembre de 2021 Tocumen anuló el contrato que Odebrecht ejecutaba desde 2012 para la construcción de la nueva terminal de pasajeros. A falta de 2 días para que venciera la octava adenda del contrato, la gerencia de la terminal aérea consideró que Odebrecht no terminaría los 640 trabajos pendientes en el edificio de 116 mil metros cuadrados.
Además de anular el contrato de 917 millones de dólares y de los cuales faltaba por cancelar poco más de 7 millones de dólares a Odebrecht, Tocumen también inhabilitó por tres años al contratista para participar en nuevas licitaciones.
Tras conocer la decisión de Tocumen, Odebrecht presentó una apelación ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas (TACP).
Dentro de este proceso el reclamante introdujo una advertencia de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia para que se anulara lo actuado por Tocumen.
Luego que los magistrados no aceptaron el recurso legal promovido por los abogados de Odebrecht, la compañía que ha aceptado el pago de sobornos en una docena de países, incluyendo Panamá, presentó una solicitud de arbitraje ante el Cecap a finales del año pasado.
La empresa brasileña sostiene que de acuerdo con los términos del contrato, Tocumen debía acudir a la esfera arbitral para solucionar cualquier controversia relacionada con la construcción de la nueva terminal de pasajeros.
Tras revisar la solicitud de la compañía y después de recibir la documentación de las partes en disputa, el Cecap se declaró el pasado 2 de febrero competente para “administrar el proceso promovido por Odebrecht”. Cumplida esta fase, se debe conformar el tribunal arbitral que estará integrado por tres árbitros.
Cada parte designará un árbitro, mientras que el presidente del tribunal debe ser escogido de la lista de miembros del Cecap.
De acuerdo con la normativa del centro de arbitraje, una vez conformado el tribunal, se tendrá un periodo de 2 meses para tomar una decisión, aunque podría otorgarse una prórroga de 30 días en caso de ser necesario.
Con el arbitraje, Odebrecht no solo busca que se revierta la anulación del contrato, así como la inhabilitación, también pide una compensación de 19.4 millones de dólares y una prórroga de 90 días para terminar los trabajos pendientes que no fueron atendidos antes del 30 de septiembre, día que venció el plazo acordado en la adenda 8, la última del contrato.
La constructora sostiene que no es responsable de ningún retraso y culpa a Tocumen de la demora en la ejecución de los trabajos por incumplir con el cronograma de pago.
Directivos del aeropuerto han indicado que en la adenda 7 y 8 se acordó que Tocumen tendría la facultad de resolver administrativamente el contrato, en caso de que el contratista incumpliera con los términos acordados para atender más de 10 mil 547 trabajos pendientes.
La mayoría de los trabajos sin atender están relacionados con el sistema de enfriamiento, filtraciones en el techo que han provocado daños en equipos informáticos, reemplazo de pisos, escaleras mecánicas, entrega de planos, ascensores, sistema contra incendio, sistema de transporte de maletas y equipos especiales, entre otros.
En el aeropuerto han explicado que se tomó la decisión de resolver administrativamente el contrato para impedir que se venciera la fianza de cumplimiento, de 229 millones de dólares.
Sin esta fianza, aseguran funcionarios del aeropuerto, Tocumen tendría que hacerse cargo de los trabajos pendientes del proyecto y asumir la deuda de más de 5 millones de dólares que en su momento acumuló Odebrecht con sus empresas subcontratistas, entre otros temas.
Una vez el centro de arbitraje se declaró competente, Odebrecht volvió a reiterar su petición al TACP de no continuar con el proceso de apelación y que debe remitir toda la información del caso a la esfera arbitral.
Consultado sobre este punto, en Tocumen comentaron que el anuncio hecho por el Cecap no “afecta el proceso administrativo ante el TACP, pues la declaratoria de competencia por parte de la Secretaría del Centro de Arbitraje se da en fase prearbitral y únicamente para efectos de validar la disputa planteada por ambas partes”.
Tocumen contrató a la firma legal Morgan & Morgan para que preste asesoría legal durante el proceso arbitral. El contrato alcanza los 695 mil 500 dólares.
