La culminación de la obra civil del proyecto de soterramiento de cables en el área bancaria de Panamá está pendiente de la contratación de una nueva constructora, luego de llegar a un acuerdo con una de las compañías que ejecutaba el proyecto y con la cual se rescindió el contrato.
Se prolonga así la ejecución de un proyecto que recibió el pistoletazo de salida en noviembre de 2012. Un comunicado de aquel momento de Gas Natural Fenosa (ahora Naturgy), una de las compañías responsables de los trabajos, decía que las obras civiles durarían alrededor de dos años. Ya se cumplió el sexto aniversario de la orden de proceder original, y cables y postes siguen generando un impacto visual negativo en la ciudad.
El proyecto tiene un componente de obra civil, que consiste en la construcción de los ductos y cámaras subterráneas, y una segunda etapa de instalación de nuevos cables subterráneos, previo al retiro de los cables aéreos.
A su vez, aunque se trabaja de manera coordinada, la actuación se divide entre los cables eléctricos, tarea que es responsabilidad de la distribuidora de la zona -en este caso Naturgy- y los cables de telecomunicaciones, responsabilidad de la Compañía de Soterramiento de Cables.
El costo de la parte eléctrica de los trabajos se sufragará a través de la tarifa que pagan los consumidores, mientras que para la de telecomunicaciones se creó un fideicomiso que se alimentaría del 50% de los fondos recibidos por la asignación de nuevas bandas de frecuencias de telecomunicaciones y a través de una tasa que pagarían los clientes de servicios de telecomunicaciones. Esta tasa, no obstante, fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en un fallo de diciembre de 2015 y su cobro fue suspendido por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP).
Obstáculos
Naturgy y la Compañía de Soterramiento de Cables confiaron inicialmente a la empresa española SEMI los trabajos de obra civil en un contrato sellado en febrero de 2014.
El proyecto tuvo una serie de obstáculos, entre ellos la falta de coordinación entre las distintas instituciones públicas involucradas y el avance de obra no fue el previsto. Así, en noviembre de 2015 se rescindió el contrato con SEMI e inició el proceso para contratar a dos constructoras con la intención de abrir dos frentes de trabajo distintos.
Resultaron ganadoras de la licitación la Constructora Hermanos Fernández Hidalgo, que se encargaría de la parte de Obarrio (etapa A), e Inversiones FJ, que asumiría los trabajos en la zona de Campo Alegre (etapa B).
Retomaron los trabajos a finales de 2016, pero el resultado tampoco fue el esperado. José Quirós, gerente general de la Compañía de Soterramiento de Cables, explicó a este diario que tuvieron problemas para obtener permisos de las autoridades para trabajar en varios frentes a la vez.
El proyecto de soterramiento de cables coincidió con las intervenciones del Municipio de Panamá en vía España, vía Argentina y calle Uruguay.
“La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre y la Policía de Tránsito, con miras a afectar lo menos posible la movilidad en la zona, solo nos permitían trabajar una calle a la vez bajo el método de zanjado”, dijo Quirós.
En estas circunstancias difícilmente se podía generar trabajo para dos contratistas que enfrentaron dificultades para ejecutar las obras según los plazos acordados. La situación derivó en la rescisión del contrato con uno de los contratistas, Inversiones FJ, a través de un mutuo acuerdo.
Alkin Saucedo
ASEP
Naturgy, la Compañía de Soterramiento de Cables y la ASEP acordaron entonces enfocarse en la zona de Obarrio con el contratista Hermanos Fernández Hidalgo. Se cambió el método constructivo de zanjas a máquinas perforadoras horizontales dirigidas o topos, que no afectan la rodadura y permitieron el trabajo simultáneo en varias calles.
La intención era “generar el menor impacto en la población. Vía Argentina y calle Uruguay son obras más invasivas, aunque ellos están haciendo trabajos adicionales, como el alcantarillado. Aquí no se han vivido situaciones de cierres de negocios o inundaciones. Quizá va más lento que lo que la gente pudiera considerar, pero también creo que ha sido menos incómodo”, dijo Quirós.
En febrero de este año concluyó la construcción de ductos y cámaras subterráneas en Obarrio. También han terminado las obras civiles en la calle cuarta de David, Chiriquí, y se espera que este mes culminen en la avenida central de Santiago de Veraguas otras dos actuaciones concebidas en el proyecto original de soterramiento.
Del área bancaria de Panamá queda pendiente la zona de Campo Alegre, para la que se debe abrir una nueva licitación, que por ley debe ser liderada por la distribuidora eléctrica, en este caso Naturgy, y contar con el aval de la ASEP.
Vivian Pineda, vocera de Naturgy, señaló que la próxima semana se remitirán los pliegos a la ASEP. Dijo que se esperó a que terminara la obra civil de telecomunicaciones en Obarrio para abrir el proceso de contratación de una nueva compañía para Campo Alegre.
Bajar los cables aéreos
En la zonas donde ya concluyeron las obras civiles (Obarrio, David y próximamente Santiago) la siguiente etapa será la instalación de nuevos cables por la infraestructura subterránea.
Quirós explicó que ya se tiene la experiencia de vía España, donde ya se soterraron los cables, y adelantó que, en la capital, las siguientes serán calle 50, vía Brasil y Ricardo Arango.
Hasta que el nuevo sistema no esté completamente instalado y listo para operar, no se pueden bajar los cables y eliminar los viejos postes.
Quirós dijo que aspira a que a fin de año se empiecen a ver las primeras calles del polígono limpias de cables.
Alkin Saucedo, subdirector de Radio y Televisión y Administración del Espectro de la ASEP, dijo que además del impacto visual de la desaparición de los cables, el proyecto genera un beneficio técnico porque hay más continuidad en el servicio.
Hasta el momento, en la parte de telecomunicaciones se han invertido $14.4 millones entre los proyectos de área bancaria, Santiago y David, y quedan $52.4 millones en el fideicomiso que se creó para sufragar las obras.
Aunque la decisión de la CSJ de declarar inconstitucional la tasa a los servicios de telecomunicaciones privó de un ingreso recurrente al fideicomiso para ejecutar proyectos futuros, la ASEP confía en que entrarán fondos a través de nuevas asignaciones de espectro radioeléctrico a operadores. Además, una vez creada la infraestructura subterránea, las empresas de telecomunicaciones tendrán que pagar un canon al Estado por su uso, y esos fondos entrarán al fideicomiso.
