Infraestructura

Tribunal administrativo acepta impugnación

Tribunal administrativo acepta impugnación
Los trabajos en Panamá Oeste incluyen la ampliación del puente sobre la autopista de La Chorrera. El objetivo es mejorar el flujo vehicular en la zona que ha registrado un crecimiento acelerado en los últimos años. Archivo


El Tribunal Administrativo de Contrataciones Pública admitió el recurso de impugnación que interpuso la empresa Meco contra la orden de adjudicación que emitió el Ministerio de Obras Públicas (MOP) a favor del Consorcio Vacamonte 2 para construir la ampliación Autopista-Vacamonte, en la provincia de Panamá Oeste.

La empresa reclamante sostiene que Constructora Urbana S.A., y Toronto Holdings Corp., que integran el consorcio Vacamonte 2, no cumplieron con todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones, en especial, lo relacionado con el financiamiento para ejecutar la obra.

Como lo establecen las normas de contrataciones públicas, para presentar el recurso de impugnación Meco aportó una fianza (7.8 millones de dólares) que corresponde al 15% de su propuesta.

Meco y el consorcio Vacamonte 2 fueron los únicos participantes en la licitación, siendo este último el que presentó la oferta más económica, con 48.2 millones de dólares, mientras que su competidor ofertó 52.5 millones de dólares. Estos momentos no incluyen los costos de financiamiento.

Como parte de su alegato, Meco asegura que el consorcio Vacamonte 2 no presentó una carta de financiamiento que asegure que cuenta con los fondos para ejecutar la obra de 5 kilómetros, que incluye la ampliación de la vía actual de 2 a 4 carriles, aceras, ciclovías, entre otras mejoras.

Como parte del proceso de recabación de pruebas y alegatos, el ministro del MOP, Rafael Sabonge, indicó en el informe de conducta, que el Consorcio Vacamonte 2, presentó una carta de intención de financiamiento emitida por el Banco Internacional De Costa Rica.

Tribunal administrativo acepta impugnación
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En este punto, representantes legales de la empresa reclamante han señalado desde el inicio de la disputa por la adjudicación del contrato que “solo un consorcio cumplió con el requisito de Capacidad Financiera, demostrando que contaba con la disponibilidad de financiamiento por el 100% del valor del proyecto, y no es el consorcio a quien le fue adjudicado el acto”.

Por su parte, apoderados legales de CUSA y Toronto Holdings, remitieron un informe al tribunal administrativo indicando que la empresa reclamante contó con el tiempo necesario para presentar sus alegatos contra el informe de la comisión evaluadora que revisó las dos propuestas.

Otro de los argumentos que sostiene Meco y que asegura hacen invalida la propuesta de su competidor está relacionado con la conformación del consorcio.

De acuerdo con Sabonge, Meco indica que en la propuesta del Consorcio Vacamonte 2 no se especifica cuál de los miembros del grupo aportará el financiamiento. Ante estos señalamientos, el ministro del MOP, presentó al tribunal administrativo, el documento donde indica que CUSA y Toronto Holdings aportarán cada uno el 50% de los fondos.

Tras estos señalamientos Sabonge pidió al tribunal confirmar lo actuado por la comisión evaluadora y también avalar la adjudicación del proyecto.

La ampliación en Vacamonte y la conexión entre la cinta costera 3 y la Calzada de Amador se construirán bajo el esquema de “llave en mano”, donde el contratista debe aportar los fondos para ejecutar el proyecto y el Estado cancela al recibir la obra.

Originalmente, la licitación se diseñó con un solo pago al culminar la construcción, pero el Ministerio de Economía y Finanzas aceptó la solicitud del MOP de incluir un pago cuando el avance de la obra registra un 50%.

En cuanto a la licitación de la conexión entre la cinta costera 3 y Amador, MECO no impugnó la adjudicación que hizo el MOP también a favor de la empresa CUSA.

MECO, que también participó en la licitación, no estuvo de acuerdo con que Sabonge ordenara una segunda revisión de las propuestas, ya que en el primer análisis la propuesta de CUSA no pasó a la siguiente fase, porque la comisión evaluadora indicó que la compañía no cumplió con el requisito financiero.

Según Sabonge ocurrió una mala interpretación de los documentos. En el segundo análisis, la comisión dio como válido los documentos presentados por CUSA que, a la postre, junto a su socio Toronto Holdings se quedó con la obra tras ofertar 44.2 millones de dólares.

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