El Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas (TACP) anuló la accidentada licitación para adquirir los materiales censales, servicios logísticos y de procesamiento de los cuestionarios del Censo 2020, acto que tiene un precio de referencia de $8.3 millones.
La licitación fue suspendida tras un recurso de impugnación de PBS-Xerox. Esta compañía entregó la segunda oferta más baja con $7.6 millones. El reclamante había sido superado por Polysistemas Corp.,que propuso $6.9 millones y recibió la calificación técnica más alta, con 97 puntos.
Los reclamos estuvieron a la orden del día. La Dirección General de Contrataciones Públicas llegó a ordenar que se nombrara una nueva comisión evaluadora para una segunda verificación de las propuestas que recibió la Contraloría, incluyendo la del Consorcio Cepa, que propuso $8.2 millones.
El TACP anuló en su totalidad el acto público al concluir que la Contraloría cometió un error en los términos de la propuesta, que fue objeto de reclamos.
Los tres magistrados del tribunal sustentaron que en el pliego se decía que la propuesta debía tener una vigencia de 180 días mientras que en los requisitos generales se hablaba de 120 días.
Ante esto, decidir sobre una de las dos condiciones “iría contra el principio de transparencia y, por ende, de una escogencia injusta”, detallaron los magistrados.
Esta semana, la Contraloría instaló una comisión integrada expertos nacionales y del Banco Interamericano de Desarrollo y del Programa de Naciones Unidas para la Población, a fin de “de garantizar la efectividad de la aplicación del XII Censo de Población y VIII de Vivienda”.
La entidad informó que los resultados de esta comisión determinarían la fecha del Censo, que estaba previsto para el 24 de mayo de 2019, pero que fue aplazado debido a las impugnaciones en las licitaciones.
Con la decisión del TACP podría abrirse la puerta a una contratación directa o convocar a otra licitación, que duraría más de 6 meses.
El pasado 5 de diciembre, cuando se conoció del aplazamiento del Censo, el presidente Laurentino Cortizo dijo que “nosotros no podemos estar en este rejueguito de las empresas y las impugnaciones”.
A inicios de enero, el TACP confirmó la resolución que emitió la Contraloría el 25 de septiembre de 2019, en la que declaró nula la licitación que buscaba adquirir los teléfonos y demás equipos electrónicos que utilizarán los empadronadores durante el censo.
La comisión evaluadora que revisó las tres propuestas que recibió la Contraloría determinó que ninguno de los proponentes cumplió con el pliego de condiciones.
El acto público tenía un precio de referencia de $449 mil 132 y las empresas RC Contractors y Cable & Wireless Panamá ofertaron $359 mil 306, mientras que Techno Exports propuso $399 mil 825.
