Ayer se estableció la plenaria del diálogo para discutir el futuro del sistema de pensiones administrado por la Caja de Seguro Social (CSS). Aunque se trató de un acto protocolar, y no se inició con la discusión técnica de las posibles soluciones para garantizar la sostenibilidad del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), se ha podido conocer que hay dos vertientes que dominarán la escena.
Será un diálogo complejo, de posiciones antagónicas y posturas disímiles entre los representantes de los diferentes gremios y asociaciones.
Por un lado, está el ala que cree que hay que dar un paso hacia atrás y retrotraer las reformas de 2005.
Esto implicaría que todos los cotizantes del sistema mixto de pensiones, que hoy cuentan con un ahorro individual gracias a las reformas de hace 16 años, migren al subsistema exclusivo de beneficio definido del IVM, actualmente con recursos muy limitados para hacerle frente al pago de los jubilados.
La lógica detrás de esta posible solución es que los aportes que hayan hecho las generaciones más jóvenes, que migraron a un sistema de cuentas de ahorro individual -debido al descalabro sistémico del subsistema de beneficio definido-, entreguen sus fondos para que se paguen las pensiones de los actuales jubilados.
La promesa sería que a futuro se buscarían o establecerían mecanismos y medidas para garantizar la reposición de los fondos.
El problema, sin embargo, es que la insuficiencia de fondos que actualmente enfrentan 290 mil jubilados del subsistema definido arrastraría a otros 600 mil cotizantes jóvenes que harán aportes sin tener la certeza de que al final de su vida productiva podrán gozar de una jubilación.
Debido a ello, existe una segunda corriente que se opone rotundamente a una medida de este tipo porque sería, según han dicho a este diario, “pan para hoy y hambre para mañana”.
Desde que se hicieron las reformas de 2005 se sabía que el subsistema de beneficio definido, con menos aportes y más compromisos, necesitaría de cambios que nunca se enfrentaron.
Por una década se jugó al pelotazo hasta que el marcador de cada administración presidencial marcó sus salidas.
Dicho de otra forma, en algún momento se escudaron en los superávit de caja para decir que todo estaba bien. Esto ocurría sabiendo que no se trataba únicamente de un problema en el flujo de caja para pagar las pensiones en un año particular, sino del inminente agotamiento de las reservas porque cada vez hay más jubilados y menos cotizantes que hagan aportes en el subsistema definido.
Y entonces, cuando no entró suficiente flujo en la cuenta corriente para pagar las cotizaciones de cada año, se empezó a desatender la entrega de estados financieros, teniendo al país es un estado de “ojos que no ven, corazón que no siente”.
Con esta historia reciente existe muy poca o nula confianza de que a futuro se solucione la necesidad de fondos que se generaría con la unificación de los dos sistemas de pensiones.
Y matemáticamente sería poco probable solventar, por más de 10 años, las pensiones del subsistema definido con los activos del sistema mixto. Menos probable será hacerle frente a los que se jubilan en 20 años.
Por un sistema ahorro
Del otro lado de la moneda está una corriente de pensamiento representada en el diálogo que se inclinaría más bien por una migración de todos los cotizantes al sistema de ahorro individual, haciendo cambios paramétricos que incluyen modificaciones en los aportes de la cuota obrero-patronal, variantes en la cantidad de años de cotizaciones y más aportes por parte del Estado.
En este análisis se contempla que a los asegurados que pasen por el proceso de reconversión de un programa a otro se les debería ofrecer un bono que compense lo que ya han aportado durante sus años como cotizantes y esto sería un aporte inicial en su cuenta de ahorro personal.
Además, se exigiría una cantidad de años de cotizaciones para obtener una tasa de reemplazo por arriba de 60%. Serían 35 años de cotizaciones en vez de los 20 años que pueden ser acogidos actualmente.
La idea es que cada quien reciba de jubilación un monto mucho más acorde con lo que aporta.
Con esta propuesta, el Estado tendrá que hacer sus aportes de forma respectiva, pero sería mucho menos que los más de $1,000 millones al año en caso de no hacer ajustes paramétricos.
El tamaño del problema ha sido ya cuantificado: el país se enfrenta a la fatal situación de asumir un déficit acumulado de $65 mil millones para el pago de los actuales y futuros pensionados, considerando que hasta 2077 se deben hacer desembolsos a los jubilados que forman parte del subsistema de beneficio definido.
Roberto Brenes, banquero y director de la Fundación Libertad, advierte que estudiar medidas paramétricas será vital para el análisis.
Hace énfasis en el hecho de que entre 2009 y 2020 más de 70 países han reconocido las fallas de sus sistemas, han incrementado sus cuotas, alargado los tiempos en el sistema y la edad de jubilación. Además, una veintena de países han reformado íntegramente sus sistemas, dando cabida a un pilar solidario, un sistema de contribución definida y un pilar de ahorro voluntario.
Del lado de las críticas que podrían tener estas medidas está lo que llaman la “coyuntura”. El momento del diálogo se da en absoluta crisis económica y hay quienes piensan que con los niveles de desempleo e informalidad es imposible plantear cambios paramétricos sin alterar la paz social, por lo que la solución más duradera quedaría nuevamente en manos de otra administración presidencial.
En lo único que parecen converger las dos corrientes es que tal y como están estructuradas las pensiones al día de hoy, éstas no se podrán pagar sin cambios a la vista. La próxima reunión del diálogo será el 18 de febrero.
