En un intento de avanzar en el diálogo por la Caja de Seguro Social (CSS), ayer se reunieron dos mesas temáticas en las que quedó en evidencia que persisten confusiones en la metodología para la presentación de las propuestas y afloran interrogantes sobre el quórum decisorio, ante la salida reciente del Partido Panameñista, anunciada la semana pasada.
El diálogo, que finalmente debe dar como resultado la presentación de propuestas para reformar la CSS, se dividió en cuatro ejes de debate: la comisión temática de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y la comisión prestaciones económicas, enfermedad y maternidad y riesgos profesionales.
Además, están las mesas de administración y la relacionada al sector de los independientes, que intenta encontrar los mecanismos para que estos trabajadores coticen con la entidad de seguridad social.
La comisión de administración estuvo gran parte del tiempo discutiendo sobre la forma en la que se oficializa la presentación de una propuesta y la interpretación de la metodología aprobada desde el mes de abril.
A pesar de ello, un punto que sirvió como ejercicio de análisis fue cuando, en representación de la bancada independiente, Alberto Quiroz habló sobre la necesidad de incorporar en las propuestas la constitución de un fiscalizador general de la CSS, una figura que es utilizada en el Canal de Panamá.
Algunos miembros de la comisión recordaron que, aunque con ciertas variaciones, esta figura ya existe en la administración de la CSS bajo el cargo de director de Análisis y Responsabilidad Institucional.
Sin embargo, hubo quienes advirtieron que las funciones de esa dirección no tenían poder coercitivo para combatir y reprimir los actos de corrupción, que es lo que realmente se necesita.
Otros alegaron que la ley orgánica de la CSS sí tiene suficiente peso, pero habría que analizar su aplicación.
Sin embargo, esto también fue refutado, al indicar que la mencionada Dirección de Análisis y Responsabilidad Institucional tiene la débil función de “recomendar a la junta directiva políticas para la dirección, conducción, supervisión y coordinación de auditorías e investigaciones relacionadas con el funcionamiento de la institución (...)”.
Hacer una recomendación es muy distinto a lo que hace el fiscalizador general de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), dijeron, al recordar que éste es responsable por la realización y supervisión de áuditos e investigaciones relacionados con la operación de la vía y tiene la obligación de prevenir y detectar el fraude, el despilfarro y el abuso de autoridad.
La Ley 51 de 2005 de la CSS establece que el director de Análisis debe realizar las investigaciones y auditorías, incluyendo la captación de pruebas, que sean necesarias o aconsejables, incluyendo los presuntos actos violatorios e informar a la junta directiva y al director general sobre los procedimientos.
Sin embargo, al ser un cargo seleccionado por la junta directiva y nombrado por el director general de la CSS se habló sobre un posible conflicto de interés para ejercer cabalmente el puesto.
“El fiscalizador que proponemos debe coordinar con la junta directiva y la administración, pero con independencia para llevar casos al Ministerio Público, con el fin que se le dé seguimiento a las denuncias de corrupción o conflicto de intereses”, dijo Quiroz.
La comisión relacionada con el sector independiente tuvo que hacer tres llamados hasta que finalmente hubo el quórum mínimo para iniciar una sesión de trabajo, algo ya usual en estas reuniones.
A diferencia de la reunión de la semana previa, un tema que ayer requirió de explicaciones fue la salida del Partido Panameñista, que argumentó su retiro al no existir representación del sector trabajador tras la confirmación de retiro del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato).
El facilitador de la comisión, Manning Suárez, dijo que no ha recibido notificación oficial al respecto al retiro del colectivo político, pero hoy martes se reunirán en la plenaria, donde esperan tener mayor información. Esto sería determinante en cuanto la cantidad de personas que se necesitarían como mínimo para aprobar una propuesta, que fue algo que dilató todo el proceso de aprobación metodológica, cuando Conato se levantó de la mesa desde mediados de marzo, pero lo ratificó en junio.
