Según The Economist, la pérdida de confianza y la inefectividad del Gobierno panameño en un entorno de presión populista representan un grave riesgo para las inversiones y el clima de negocios en nuestro país. La advertencia a la comunidad internacional es inédita, clara y directa.
En un informe titulado “Politics, populism and policy: operational risk in Latin America” (Política electoral, populismo y política: riesgo operacional en Latinoamérica), hecho público el 17 de marzo 2021, la Unidad de Inteligencia de Negocios del prestigioso semanario inglés hace un análisis del creciente riesgo que el populismo y el deterioro de credibilidad de los Gobiernos representan para el clima empresarial y la inversión extranjera en la región en la era Post Covid-19.
No es la primera vez que The Economist expresa preocupación por la gobernabilidad en Panamá. En un Informe publicado el 16 de julio 2020 alertaba sobre la merma en de credibilidad del Gobierno del presidente Laurentino Cortizo y la necesidad de restaurar rápidamente la confianza pública en su administración y la amenaza de inestabilidad social. Ahora advierte que esa pérdida de confianza y efectividad gubernamental, en medio de una creciente presión por medidas de corte populista, es malo para los negocios.
A nivel regional, el reporte señala “quizás lo más significativo sean los cambios de
política económica que se avecina...El riesgo político es alto mientras los votantes critican contra los Gobiernos y piden cambios de política, proporcionando espacio para que prosperen las propuestas populistas.
Algunas tendencias principales parecen estar emergiendo en la mayoría de estas carreras: un claro aumento en el sentimiento antigubernamental, demandas de un mayor papel del Estado, y una preferencia creciente de soluciones populistas entre una proporción creciente de la población”.
Las demandas de cambio crean presión para aumentar el gasto gubernamental, presentando riesgo macroeconómico. Pero estas presiones fiscales también tendrán implicaciones para la política fiscal, el mercado laboral, la política, infraestructura y el entorno legal y regulatorio, todo lo cual sugiere riesgos significativos para el ambiente de negocio.
Venezuela es, con diferencia, el país más peligroso para invertir en Latinoamérica. Panamá en contraste, recibe buenas calificaciones en materia macroeconómica, financiera y capacidad de repago de deuda, pero la evaluación que hace el informe sobre gobernabilidad, populismo y riesgo para las inversiones en Panamá es preocupante. No hay manera de matizarlo, aunque The Economist confirma algo que muchos percibimos.
Panamá fue un destino favorito para la Inversión Extranjera Directa (IED) en Latinoamérica por 30 años, pero el deterioro sistemático de la gobernabilidad, aumento de la xenofobia y satanización de la iniciativa privada, tanto nacional como extranjera, comienzan a dañar esa imagen ante comunidad internacional, sugiriendo un entorno crecientemente hostil para los negocios.
Para la comunidad internacional, los señalamientos de The Economist sobre la inefectividad gubernamental para contrarrestar la presión populista se traducen en amenazas directas a la rentabilidad y seguridad jurídica de las inversiones en Panamá. Así de simple.
El gobierno nacional viene desarrollando estrategias para atraer IED, como el Régimen de Sedes de Empresas Multinacionales (SEM), que en 15 años ha logrado inversiones por el orden de los $1,100 millones, que han generado unos 7 mil empleos.
De hecho, entre el 2020 y el primer trimestre del 2021 se han sumado 22 nuevas licencias, que han representado $20.4 millones. Sin embargo, la mejor promoción para atraer (o espantar) IED es la experiencia de los inversionistas extranjeros que ya están aquí.
Recientemente se han dado cuestionamientos a la seguridad jurídica de inversiones extranjeras en Panamá, asociadas al cambio de las reglas de juego para Minera Panamá, la mayor inversión extranjera en la historia del país ($6,700 millones), la Ley 508 sobre Educación Virtual, y la salida de 4 generadoras del sistema eléctrico (280 MW menos de capacidad) por problemas de liquidez derivados de la Ley de Moratoria.
Independiente de la validez de los argumentos detrás de estos casos puntuales, es importante dialogar para buscar soluciones (no “culpables”) y contrarrestar la imagen de un país “hostil” hacia la IED. Necesitamos inyectar por lo menos $10 mil millones a la economía y comenzar a recuperar los 289 mil empleos perdidos en el 2020.
La precaria situación fiscal y alto endeudamiento del Estado, así como la severa descapitalización del sector privado, hacen urgente la atracción de IED para generar empleos, la cual no ocurrirá en un entorno donde las reglas pueden cambiar para ceder a presiones populistas. Buscar “culpables” no inyectará ni $1, ni generará UN empleo. Más claro, imposible.
El autor es consultor empresarial
