La renovación automática del contrato de Panamá Ports Company (PPC) por 25 años (hasta 2047) para operar los puertos de Balboa y Cristóbal condicionará al país a mantener las mismas reglas de hace dos décadas pese a que el comercio marítimo ha cambiado y el tráfico por el Canal de Panamá ahora es mayor.
El contrato que comenzó a regir en enero de 1997 vence en enero de 2022 y según lo establecido en una de sus cláusulas sería renovado por otros 25 años, siempre y cuando haya cumplido con las condiciones establecidas en el acuerdo.
Pese a que algunos sectores del país abogan por llamar a una nueva licitación, debido a que consideran que PPC ha incumplido, los que avalan la renegociación del contrato consideran que lo mínimo que se puede hacer es revisar las condiciones. Otros operadores portuarios mundiales como APM Terminal del grupo Maersk han mostrado interés en operar estos puertos.
PPC se adjudicó la concesión en 1997 al comprometerse a pagar al Estado un canon fijo anual de $22.2 millones y un canon variable correspondiente al 10% de los ingresos brutos, pero estos dos compromisos fueron eliminados del contrato en 2002 por medio de un decreto aprobado durante la administración de la presidenta Mireya Moscoso.
Aunque posteriormente, en 2005 durante el gobierno de Martín Torrijos se introdujo una adenda que exigió a PPC el pago de $102 millones, aumentar el monto de las inversiones y un incremento en el pago de movimiento por contenedor, se mantuvo la eliminación del pago anual del canon por el uso de los puertos de Balboa y Cristóbal.
Se calcula que en los 20 años Panamá dejó de percibir más de $600 millones correspondientes al canon fijo y variable que se eliminó en 2002. La vigencia del contrato por otros 25 años se traduciría en más de $700 millones que habría recibido el país, si esa equiparación no se hubiera aprobado.
Utilidades pendientes
Pese a que PPC tuvo utilidades acumuladas en 23 años y 5 meses por $909 millones, Panamá solo ha recibido $8 millones, que se comenzaron a pagar en 2015 con el primer desembolso de un millón de dólares. Como dueño del 10% de las acciones de PPC, al Estado le correspondían $90 millones de esas utilidades, es decir, la empresa dejó de pagar $82 millones al país.
Con una renovación automática del contrato, el país se expone a que la compañía retenga las utilidades a futura por supuesta inversión, afirma el abogado Pedro Meilán, uno de los críticos de este contrato.
“ El dueño tiene todo el derecho de revisar las condiciones de ese contrato”.
Alberto Alemán Zubieta, exadministrador del Canal
Directiva en sesión
La junta directiva de la AMP se mantiene reunida en sesión permanente desde el pasado jueves analizando la propuesta de renovación del contrato de PPC por los próximos 25 años.
La directiva de la AMP la componen 7 integrantes principales y la preside el ministro de la Presidencia José Gabriel Carrizo, pero en su ausencia puede actuar el viceministro Carlos García o el administrador de la AMP, Noriel Araúz. Además participan el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander y el ministro de Asuntos del Canal, Aristides Royo. (Ver gráfica)
Durante la sesión del pasado jueves, el ministro Royo se declaró impedido para participar en la reunión de la cual es miembro por ley. Royo informó a este diario que en el momento en que se abordó el tema de PPC “me ausenté enseguida de la reunión y expliqué que yo fui socio de la firma Morgan y Morgan que atiende asuntos de dicha empresa”.
Aunque se ha circulado un borrador de la resolución que autorizaría al administrador de la AMP a certificar el cumplimiento del contrato para prorrogarlo por otros 25 años, hasta el cierre de esta edición se informó que aún no se había tomado una decisión.
Dentro del mismo gobierno hay ministros que han planteado que el contrato de PPC se debe revisar. Lo dijo hace unos meses el ministro consejero para la facilitación de la inversión privada, José Alejandro Rojas Pardini en TVN.
Igualmente, hace cinco días, el ministro de Comercio e Industria Ramón Martínez, durante una entrevista con Radio Panamá sobre el tema minero, manifestó que aunque el tema de PPC lo llevaba la AMP, el contrato debía revisarse. “Definitivamente es un contrato que también tiene que ser revisado, porque estamos con la oportunidad de velar por los mejores intereses de nuestro país”.
Puertos favorecidos
Cuando el Estado panameño otorgó la concesión a PPC, en 1997, el movimiento de materias primas y mercancías era inferior al que se ha comenzado a dar tras el inicio de operaciones del Canal ampliado en 2016, tras una inversión de casi $6 mil millones que hizo la principal empresa de los panameños.
Alberto Alemán Zubieta, quien estuvo al frente de la administración del Canal por 16 años (1996-2012) destaca que la ampliación del Canal mejoró considerablemente la posición en la cual se encuentran los puertos de Balboa y Cristóbal, y por lo tanto “el dueño tiene todo el derecho de revisar las condiciones de ese contrato”.
“Hay que revisar las condiciones de ese contrato y que sea de beneficio para las partes”, afirmó tras ser consultado por este diario. Por el contrario si se mantienen las mismas condiciones establecidas hace 25 años, lo que se haría es darle un mayor beneficio al operador de esos puertos.
“Lo que se debe defender es la posición del país y la inversión que se hizo con la ampliación del Canal, porque es para un periodo de 25 años”, recalca Alemán Zubieta.
Con la ampliación también ha aumentado el flujo de carga y ahora transitan por el Canal de Panamá buques con gas natural licuado, un producto que antes no podía pasar porque el tamaño de los buques es de mayor que las esclusas panamax.
Una renegociación permitiría tener reglas claras, corregir cláusulas y proteger los intereses de la nación de un patrimonio, que como el Canal, le pertenece a todos los panameños.
