La Dirección General de Asuntos Marítimos y de Pesca de la Unión Europea (DG Mare) le realizará el próximo viernes 19 de junio una primera auditoría virtual a Panamá para conocer los avances del país en erradicar la pesca ilegal, no declarada ni reglamentada (Indnr).
Este organismo, en diciembre del año pasado sancionó a Panamá con una tarjeta amarilla “por no hacer suficientes esfuerzos” en la erradicación de la pesca ilegal no declarada ni reglamentada. La tarjeta amarilla es una advertencia para realizar los ajustes necesarios en temas pesqueros, de lo contrario el país será penalizado con una tarjeta roja y quedará inhabilitado para enviar productos pesqueros a Europa, destino del 90% del atún que exporta Panamá.
El 29% de las exportaciones agropecuarias de Panamá tienen como mercado la Unión Europea. Esta relación comercial se concentra en un 90% en el envió de bebidas y alimentos específicamente frutas y productos de mar.
Flor Torrijos, administradora general de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), manifestó que debido a la pandemia de la Covid-19 esta primera auditoría será por medio virtual.
En el encuentro participarán representantes de la Autoridad Marítima De Panamá, del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerios de Desarrollo Agropecuario y de la ARAP.
La reunión se centrará en la Ley general de pesca acuicultura, y actividades conexas y en los avances de los ocho puntos acordados a desarrollar en el plan de acción para la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, manifestó Torrijos.
Para el desarrollo del plan de acción la ARAP contrató a la consultora Pilar Proaño, ex viceministra de Acuacultura y Pesca de Ecuador.
Panamá trabaja en la implementación de un sistema adecuado de inspección y de trazabilidad que monitoree la pesca desde la embarcación, descarga, procesamiento y comercialización.
Otro compromiso con la Unión Europea es lograr la eficiencia en el sistema de emisión de certificados de captura, en la aplicación efectiva de las normas, en aplicar sanciones adecuadas y mejorar los sistemas de registro de buques, así como el manejo de las licencias de pesca, detalló Torrijos.
También trabajan en la actualización de la ley de pesca. El proyecto de Ley Nº131 de 2019 con el que se pretende regular la pesca, la acuicultura y las actividades conexas de la República de Panamá se encuentra en una sub comisión creada por la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Nacional. Allí se estaban realizando las consultas con pescadores de distintas comunidades para fortalecer el documento.
“Una de las exigencias de la Unión Europea es que Panamá cuente con una ley moderna de pesca en la que se pueda fiscalizar los mares y a los pescadores que se dedican a la actividad de forma legal”, dijo la funcionaria.
Cada año, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada suma capturas en el mundo por cerca de 26 millones de toneladas de productos del mar, con un valor que llega hasta los 23 mil millones de dólares, de acuerdo con un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
El atún, el bacalao y el tiburón son las especies más vulnerables con este tipo de prácticas de pesca ilegal, por su alto valor comercial en los mercados internacionales.
Sin contar con estadísticas oficiales, se sabe que en América Latina y el Caribe se registra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada por embarcaciones de pabellón extranjero, especialmente en zonas con poca vigilancia.