Panamá podría continuar en la lista gris o pasar a la lista negra del Grupo de Acción Financiera (GAFI), sino implementa una serie de medidas para combatir las deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
Tras la reunión del GAFI, la semana pasada, en la cual el organismo con sede en París, Francia, expresó su preocupación por el lento progreso del Plan de Acción contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, World Compliance Association (WCA), capítulo de Panamá, advirtió que de no acelerar algunas acciones, es inminente que el país ingresará a la lista negra.
Para esta organización, “sería un acontecimiento devastador para el centro financiero panameño, así como para la población en general, sobre todo en momentos donde estamos viviendo una pandemia y el crédito internacional será una pieza fundamental en la recuperación económica del país”.
Luego de salir de la lista gris del GAFI en febrero de 2016, Panamá fue incorporado nuevamente en junio de 2019 hasta la fecha, debido a la falta de efectividad en la aplicación de las medidas para contrarrestar el lavado de dinero, entre otras.
A través de un comunicado, la agrupación WCA pide que la fuerza política deje sus intereses a un lado y vele por el bien y el beneficio del país, además de considerar que “es injustificable el retraso en la implementación del registro de beneficiarios finales”, ley que fue aprobada en marzo de 2020.
Unos días antes de la reunión de este organismo, a principios de octubre, el secretario técnico de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Dani Kuzniecky, renunció al cargo. Igualmente, desde el 9 de septiembre renunció Darma Romero, quien actuaba como directora de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional en el Ministerio de Economía y Finanzas.
Para WCA, la renuncia de personal técnico en puestos claves, puede estar dando una imagen de falta de compromiso a la implementación de los planes de acción acordados.
También muestra su preocupación por el estancamiento de ante proyectos de leyes claves para la lucha contra la corrupción y organizaciones criminales, como es la extinción de dominio de bienes ilícitos. Este proyecto de ley de extinción de dominio, que aún se mantiene en debate en la Asamblea, fue presentado por el Ejecutivo en abril pasado, y permitiría el embargo de bienes particulares comprados, usados o destinados a la comisión de delitos.
WCA, formada por profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del cumplimiento, destaca que como país “debemos de dejar de utilizar el término listas discriminatorias, ya que el mismo da un mensaje equivocado. Nadie es discriminado cuando simplemente no está cooperando con compromisos adquiridos”.
Por último, la Asociación llama a la reflexión al sector público y privado para unir fuerzas y trabajar en conjunto, para evitar que organizaciones criminales utilicen las plataforma de servicios para actividades ilícitas.
También propone que las autoridades reguladoras, lleven una fiscalización efectiva y coherente, para cumplir con los compromisos adoptados.
