ROLANDO RODRIGUEZ B. y SABRINA BACAL rrodriguez@prensa.com Pocas veces las circunstancias hacen que una persona goce de tanto poder. El nuevo presidente electo, Martín Torrijos, tendrá sobre sus hombros hacer el nombramiento de personas en cargos cuya vigencia traspasará el límite de su propio mandato, que es de cinco años.
Además de que todo parece indicar que Torrijos tendrá mayoría en la Asamblea Legislativa, a él le corresponderá nombrar a diez funcionarios que deberán ocupar sus respectivos cargos por espacio de diez años.
Se trata de cargos clave, como el nombramiento de cuatro de los nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Dos de ellos terminan su período en diciembre de 2005 (Rogelio Fábrega y Arturo Hoyos), mientras que en el 2007 terminan los otros dos (Graciela Dixon y José Troyano).
Durante su mandato -que termina en septiembre de 2009- Torrijos también tendrá la responsabilidad de nombrar a los tres magistrados de una de las instituciones de mayor prestigio en el país: el Tribunal Electoral.
A ello hay que sumar otros dos importantes funcionarios que deberán coadyuvar en la cuestionada administración de la justicia panameña: los procuradores. Téngase en cuenta que tanto la procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher, como el procurador general de la Nación, José Antonio Sossa, terminan sus respectivos períodos en diciembre de este año.
La lista incluye a otro funcionario clave: el administrador del Canal de Panamá. El período del actual, Alberto Alemán Zubieta, vence en agosto de 2005, por lo que Torrijos deberá ratificarlo o reemplazarlo en el cargo.
Por último, el presidente electo deberá nombrar a un funcionario de jerarquía, cuyo período es de cinco años: se trata del contralor general de la República -actualmente en manos de Alvin Weeden-.
Torrijos tiene sobre sus hombros el cumplimiento de promesas electorales que incluyen cero tolerancia a la corrupción.
