Hoy por hoy

En una democracia, la función principal de un medio de comunicación es vigilar el ejercicio del poder y el uso de los recursos públicos. Sin embargo, cuando los que ejercen ese poder no comprenden esta función, dicha vigilancia es castigada con trabas para el acceso a la información y la adjudicación de contratos de publicidad estatal. En administraciones pasadas, este medio ha padecido semejantes manipulaciones, pero esperábamos que esto cambiara con este gobierno, pues a ello se comprometió el presidente Laurentino Cortizo al suscribir, hace tan solo cinco meses, la Declaración de Chapultepec. En su séptimo principio, este documento declara que “la concesión o supresión de publicidad estatal” no debe aplicarse para premiar o castigar a medios o periodistas. Esto es justo lo que parece estar haciendo el vicepresidente José Gabriel Carrizo. El ministerio que el dirige acaba de otorgar millonarios contratos de publicidad para 2021. Y lo ha hecho de manera desigual e injusta. A Mi Diario, quizás el de mayor circulación en el país entre los impresos, le asignó cero publicidad. En lugar de alcance, audiencia y circulación, primó la arbitrariedad. Carrizo ha desconocido un compromiso adquirido por Cortizo. Y con ello ha erosionado un poco más lo que le quedaba de credibilidad al Presidente.