Hoy por hoy

Panama Port Company pretende renovar de forma automática la concesión de puertos estatales en los extremos norte y sur del Canal de Panamá. Este –al igual que lo fue la concesión minera de Petaquilla, hoy compartida con la mina de cobre de Donoso– ha sido de los peores contratos firmados por el gobierno de Ernesto Pérez Balladares. Han sido verdaderos atracos al Estado y nuevamente el partido del gobierno firmante, el PRD, tiene el poder de mejorar las condiciones de este contrato, pero hay intereses que parecen buscar mantener el escandaloso atraco. Panamá ha obtenido miserias de esta concesión y ahora, con un canal ampliado, el concesionario pretende mantener las ridículas condiciones pactadas por aquel gobierno y luego inexplicablemente mejoradas por Mireya Moscoso. Hay razones suficientes para que el Gobierno le exija a la empresa pagar lo justo por el uso de puertos con claras ventajas sobre otras inversiones privadas o públicas, que hasta ha impedido concretar empleando recursos legales, o que no existían cuando se firmó su contrato. Sería negligente prorrogar el contrato con los términos existentes. Es necesario revisarlos y, sobre todo, obtener el beneficio que se merece el país.