Hoy por hoy

Panamá está muy atrás respecto a legislaciones de países como Colombia, Perú, México, Argentina, incluso, respecto a República Dominicana y varios vecinos de Centroamérica, en el tema de la extinción de dominio de bienes ilícitos. Esto es que el Estado pueda contar con una herramienta legal para despojar a individuos y organizaciones criminales de sus bienes mal habidos, amasados gracias a sus actividades ilícitas. El objetivo es combatir el creciente poder económico de estos sujetos y organizaciones delictivas, pues actualmente nada impide que puedan usufructuar estos bienes, aunque sean hallados culpables de sus delitos. Pero en la Asamblea Nacional, este proyecto de ley, presentado hace más de seis meses por el Ejecutivo, está perdido en alguna gaveta, pues nadie se acuerda de su existencia, ya que los diputados están ocupados en crear leyes para acomodarse mejor. Queda claro que la perspectiva de perder bienes producto de actividades ilícitas no es una de sus prioridades; el tema ni siquiera les produce un bostezo, quizá porque una ley con semejante alcance perjudicaría la buena vida que se dan, no por el salario que reciben, sino por sus ingresos extraoficiales que, ciertamente, son mucho mayores que sus salarios. Luego se preguntan por qué los tratan como delincuentes.