Hoy por hoy

La Asamblea Nacional (AN) insiste en crear leyes con procedimientos en contravía de la Ley de Contrataciones Públicas, para flexibilizar la adquisición de bienes y servicios por parte de municipios, juntas comunales y consejos provinciales, algo que el procurador de la Administración dijo que no es viable. La iniciativa busca eximir de determinados requisitos en contratos de hasta $50 mil. El proponente, el diputado Javier Sucre (PRD) –empedernido entusiasta de la dotación de fondos y del manejo autónomo de éstos en municipios y juntas comunales–, pidió al procurador su opinión sobre la iniciativa y, a pesar de que este diligente funcionario expresó su desacuerdo, la AN aprobó el proyecto. Sucre –que también fue electo representante de corregimiento– impulsa otro proyecto para que los municipios reciban no solo fondos de la descentralización, sino también el 6% de los ingresos corrientes del Estado, que estarían sometidos a este régimen especial. Y ya hemos visto los efectos de su discrecionalidad; ahí está el detalle de los extravagantes gastos de movilización. Después que la Corte declarara inconstitucional los dobles salarios, estarán buscando la manera de compensar lo que dejarán de percibir. Todo se reduce a conseguir dinero y gastarlo sin control.