Veinte años cumple en esta fecha la Ley 6 de 2002, conocida como la Ley de Transparencia. A diferencia de lo que debería ser –una celebración– la ocasión es más bien para quejarse. Salvo por los años de gobierno de Ricardo Martinelli, nunca antes esta legislación ha sido tan agraviada, violada y pisoteada como en esta administración.
La opacidad marca el paso en la presente gestión gubernamental: nadie acata la ley; los fallos de habeas data de la Corte Suprema de Justicia son olímpicamente ignorados y, lo que es peor, los magistrados –por acción u omisión– se prestan para que sus sentencias sean burladas, con lo que, a la ausencia de rendición de cuentas, se suma la impunidad.
Ha sido en este gobierno que la Ley de Transparencia ha sufrido sus mayores retrocesos en materia de cumplimiento. Y es una ironía el hecho de que, con 20 años de vigencia, la ley debería ser actualizada y mejorada, pero con una Asamblea Nacional que irrespeta las propias leyes que aprueba y su apego por la carencia de institucionalidad, someter esta legislación a modificaciones sería tanto como llevarla ante sus verdugos –los diputados– para que terminen de deshuesarla.
La muerte de esta ley ha sido lenta, pero inexorable. Han ensayado diversas maneras, que van desde falta de voluntad para acatarla hasta la ausencia de una o más autoridades que obliguen a los funcionarios a cumplirla, so pena de multa y/o destitución. Cada vez son más triviales las excusas para no entregar data pública, pero logran su cometido: burlar las peticiones de información.
Y es que los funcionarios –especialmente los diputados– han comprobado, de mala manera, que la información es un arma de extraordinario poder en manos de los ciudadanos. Por ello han arreciado sus ataques a esta ley, violándola de formas que no resisten el mínimo análisis jurídico, pero que en la práctica, están causado la muerte lenta de la ley.
Sin esta legislación, habría sido muy difícil conocer lo que antes se manejaba secretamente: ingresos, viajes, actas de reuniones e información relevante sobre compras, servicios, contratos, personal. Gracias a esta ley ha sido posible revelar multiplicidad de escándalos sobre las partidas circuitales y su uso; las diferentes planillas de la Asamblea Nacional; el mal uso del presupuesto general del Estado; compras infladas o amañadas; los altos emolumentos de las autoridades de los gobiernos locales y un largo etcétera.
Al cumplirse el vigésimo aniversario de la creación de la Ley de Transparencia y ante un panorama de opacidad en materia de información pública, a los ciudadanos no nos queda otro camino que defender, así sea con las uñas, lo que tenemos: una ley que todo funcionario está obligado a cumplir; a exigir mayor transparencia en la gestión pública y el mayor respeto a esta legislación. Nadie está por encima de la ley.
Por ello hacemos un llamado a los ciudadanos comprometidos con el Estado de derecho, para que sigan siendo parte del lado bueno del país y formen parte de los que seguimos defendiendo la institucionalidad y el derecho que tenemos todos a que los funcionarios respondan por sus acciones y omisiones, amparados en las directrices de la Ley de Transparencia en la gestión pública.
