Panamá es uno de los países más afectados económicamente por la pandemia. Una caída en el producto interno bruto (PIB) nominal de 20%, déficit fiscal por el 10% del PIB, desempleo cercano a 20% y deuda pública que ronda el 70% del PIB.
Con dichos indicadores, no solamente es altamente probable que Panamá pierda su “grado de inversión”, sino que deje de ser un emisor atractivo para el mercado de capitales. Cuando un país gasta más que sus ingresos, se genera el denominado déficit fiscal. Frente a ello solo hay tres escenarios posibles: (1) Reducir los gastos para equilibrar su presupuesto. (2) Aumentar los ingresos (es decir, los impuestos). (3) Endeudarse para cubrir el déficit.
Analicemos la primera opción. El 2021 debió ser un año de reducción de gastos fiscales. Cuando los ingresos caen, los gastos deben reducirse, pero por el contrario el presupuesto de gastos de gobierno aumentó. La evidencia nos indica que el gobierno actual no ha demostrado intenciones de optar por esta opción.
Ahora analicemos la segunda opción. En un momento de crisis, en que miles de empleos se han perdido, miles de empresas han cerrado y la capacidad de consumo del país está seriamente afectada, un aumento de impuestos sería contraproducente.
Por el contrario, una disminución temporal del ITBMS de 7% a 5% favorecería la recuperación de la economía. La evidencia también indica que el gobierno actual no tiene intenciones de subir impuestos. Hasta el momento estamos descartando las dos primeras opciones.
Nos queda la última alternativa, que implica continuar endeudando al país. El acceso al financiamiento no es ilimitado. Todo tiene un tope. Imaginemos una familia que no tiene ingresos suficientes para cubrir sus gastos; podrá usar su tarjeta de crédito durante un tiempo, hasta que se le agota la línea de crédito. Algo así sucede con los países, pueden endeudarse hasta que llegan a un tope y a partir de ese momento ya no pueden continuar tomando más deuda, salvo que la reestructuren. En ese momento aparecen entidades multilaterales (principalmente el Fondo Monetario Internacional, FMI) quienes se ofrecen a facilitar la reestructuración, a través de un financiamiento, un aval o una estructuración especial de la deuda.
Los acuerdos con el FMI establecen condiciones (covenants) que reflejan compromisos de un país. Uno de ellos –habitualmente-- es mejorar la presión tributaria. En términos sencillos eso significa recaudar más impuestos y una fórmula clásica para lograr ese objetivo sería aumentar el ITBMS (el más bajo de latinoamérica). Haciendo un benchmarking latinoamericano, estimo que podría llegar a incrementarse a 15%.
La primera opción ante el déficit fiscal era reducir gastos y las dos siguientes nos llevan a un aumento de impuestos. En conclusión, o el país reduce los gastos de gobierno a través de una declaración de austeridad severa y estricta, o vendrán impuestos tarde o temprano. Estamos todos advertidos.
