En Taipei, los legisladores pidieron que se congelara la ayuda que constantemente el gobierno le gira a sus países amigos en el Caribe. Además, exigieron que se aclare cuáles han sido los destinos reales de todas las donaciones realizadas a otros países, que para el 2005, están previstas en algo más de 261 millones de dólares.
Con rápidos reflejos, a través de un comunicado emitido por el Partido Arnulfista, la ex presidenta negó las acusaciones diciendo que jamás recibió ese cheque. "Es absurdo y malintencionado", explotó la ex mandataria cuando su ex canciller Harmodio Arias la llamó por teléfono para comunicarle la noticia.
"Taiwan no le regaló nada, esto es irrespetuoso", explica el propio Arias. "Aquel día, ella estaba en su casa de la playa. El regalo que recuerdo fue el de sus ministros, que hicimos una ‘vaquita’ [colecta] y le regalamos un certificado de una joyería", culmina el ex funcionario.
Lo extraño del caso, según una alta fuente del Estado, es que, aunque se pueda probar este supuesto "regalito", Mireya Moscoso no estaría en apuros. En Panamá, hay un vacío en la legislación sobre este tema. Es decir, más allá de la falta ética, no habría delito.
Pero esto no es todo. En declaraciones judiciales que recién se conocieron ayer, el ex director de la Caja del Seguro Social de Costa Rica, Eliseo Vargas –hoy en prisión– aseguró que el ex presidente Rafael Angel Calderón se contactó con la presidenta Moscoso para pedirle que evitara que sus cuentas en Panamá tomaran estado público, deseo que, según el propio Vargas, la entonces presidenta no pudo cumplir.
El nexo para realizar estas solicitudes habría sido la ex asesora de Moscoso Annabelle Rodríguez, una costarricense que antes de llegar a Panamá había sido funcionaria del ex presidente tico Rafael Angel Calderón. Los lazos entre Moscoso y el líder del Partido Unidad Social Cristiana son conocidos: siendo presidenta, Moscoso asistió a la boda de un hijo del ex presidente costarricense.
El supuesto desesperado pedido sucedió antes de que estallara el caso de las coimas que hoy tiene en jaque a gran parte de la dirigencia política costarricense. De hecho, en las marchas anti corrupción que organizaron los movimientos civiles, se prohibió la presencia de políticos tradicionales.
En Panamá, nadie aún sabe a ciencia cierta cuál ha sido el destino de los casi 60 millones de dólares que Taiwan dejó fluir hacia la administración Moscoso. El dinero no fue girado hacia el Estado, sino hacia fundaciones privadas que, sin embargo, eran administradas por los íntimos de la presidenta. Taiwan no puso reparos en esto. Al ser privadas, estas organizaciones evitaban el audito público. El nuevo gobierno, ahora, dice querer aclarar las cosas.
Algo es seguro: los ecos de lo que en Costa Rica es un escándalo de proporciones, comienzan a llegar a las costas panameñas.