La historia es cinematográfica: intervienen tres países, traficantes de armas, policías nacionales, grupos paramilitares y un barco de nombre Otterloo, con bandera panameña y cargado con tres mil fusiles AK 47 .
El hecho podría describirse así: Nicaragua le vendió armas a un empresario israelí, quien dijo comprarlas en nombre de Panamá. Como presentó un comprobante del Ministerio de Gobierno y Justicia la venta se realizó sin problemas. El Otterloo partió con el cargamento el 3 de noviembre de 2001 desde Nicaragua, pero las armas nunca arribaron a Panamá. Siete días después llegó al puerto El Turbo, Urabá, Colombia. Fue descargado y la carga trasladada a Antioquia y Córdoba, Colombia. El buque continuó hasta Barranquilla, donde su capitán se declaró enfermo y desapareció.
Las armas fueron entregadas a un grupo paramilitar, el conductor de la embarcación desapareció y fin del cuento.
Así fue como el Estado panameño quedó en medio de un escándalo internacional de tráfico de armas. Sólo que la Corte Suprema de Justicia, en lugar de promover una investigación profunda para saber a ciencia cierta cómo pasó lo que pasó, decidió archivar el caso, liberar al único detenido y seguir viviendo como si aquí no hubiese pasado nada. Porque para la Corte Suprema, en Panamá no pasó absolutamente nada.
La historia salió a la luz cuando el diario El Tiempo, de Colombia, publicó el 21 de abril del 2002 que tres mil fusiles AK-47 y cinco millones de municiones provenientes de Nicaragua habían ingresado a Colombia en la embarcación Otterloo, a finales del 2001.
Dos meses después, publicó una entrevista con el jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Carlos Castaño, quien afirmó haber recibido cinco embarques con 13 mil fusiles.
Es más, el líder paramilitar, divertido, declaró que ese había sido el "mejor gol" que habían metido desde Centroamérica .
Lo llamativo del caso es que el 30 de marzo del 2004, la Corte Suprema de Justicia panameña decidió aceptar un amparo a favor de Shimon Yalin Yelinek -el empresario israelí que participó de la negociación- y, de esta forma, clausuró la investigación.
Sólo Adán Arnulfo Arjona salvó su voto.
El escándalo de las armas fue de tal magnitud que la Organización de Estados Americanos formó una comisión para investigar el caso.
La comisión realizó un informe en el que criticaba sobre todo a Nicaragua por no controlar con mayor severidad el destino final del cargamento.
Las razones que llevaron a la Corte panameña a aceptar el amparo -y de esta forma cerrar la investigación que llevaba adelante el Ministerio Público- fueron muy criticadas. Los magistrados que apoyaron el cierre de la investigación prefirieron no valorar dos hechos que le hubiesen dado vía libre a la investigación.
1- La nave Otterloo, que transportaba las armas, navegaba con bandera panameña.
El artículo siete del Código Penal dice que "también se considera territorio nacional las naves y aeronaves panameñas". O sea que el tráfico de armas, al suceder a través del barco, sucedió en Panamá.
2- La empresa naviera que era propietaria del barco tenía su sede en Panamá y podría haber sido investigada.
3- Los documentos de compra de las armas que presentaron los intermediarios a las autoridades nicaragüenses eran fraguados pero, supuestamente, expedidos por el Ministerio de Gobierno y Justicia. Para la Corte Suprema esto no debía ser investigado.
4- Los delitos cometidos perjudicaron la imagen de Panamá. El artículo 8 del Código Penal dice que "se aplicará la ley penal panameña a los hechos punibles cometidos en el extranjero contra la personalidad jurídica del Estado".
A pesar de estos cuatro argumentos jurídicos que obligan a los magistrados a bendecir las pesquisas, la Corte decidió archivar todo.
Algunos de los magistrados, sin embargo, conocían el caso en profundidad. Winston Spadafora fue ministro de Gobierno y Justicia durante la administración Moscoso y, precisamente, fue a su administración a la que se le atribuyó el documento falsificado. El hombre que ocupó el lugar de Spadafora cuando este abandonó el ministerio para ocupar uno de los nueves sillones de la Corte fue Aníbal Salas. Ambos ex ministros hoy forman parte de la Corte Suprema de Justicia.
Spadafora, siendo ministro, había participado de las investigaciones internas que se iniciaron para descifrar la historia del documento falsificado que había salido del ministerio. Sin embargo, ya estando en la Corte y a la hora de tratar el caso, no se declaró impedido. Es más, fue el magistrado ponente.
Hasta el día de hoy nadie ha podido contestar la gran pregunta: ¿Cómo un documento público del Estado panameño terminó en manos de traficantes de armas? Las investigaciones fueron suspendidas.
En su salvamento, Adán Arjona hace otras observaciones que permiten intuir cómo la Corte se tomó atribuciones que no eran necesariamente suyas.
"En su condición de Tribunal de Amparo, la Corte no podía determinar si el delito se cometió o no en Panamá ya que para eso, precisamente, el Ministerio Público estaba investigando y eventualmente esa tarea le correspondía ser ejecutada a los jueces penales ordinarios".
En pocas palabras, la Corte detuvo la investigación y ya no se podrá saber por qué el Estado panameño quedó en medio de semejante escándalo que incluso llegó a preocupar a la cancillería panameña.
¿Por qué ocho de los nueve magistrados miembros del alto tribunal fallaron sin tomar en cuenta algunas normas del Código Penal? Nadie lo sabe.
Vale recordar que mientras en Panamá la Corte archivaba el proceso, tanto en Colombia como en Nicaragua las investigaciones seguían su curso.
Dicen que para muestra sobra un botón: en este caso, un fallo.
