El Estado panameño no hizo uso cabal de su derecho a defensa en el proceso que terminó por condenarlo a pagar 32.5 millones de dólares hasta septiembre de 2004.
Así lo informó ayer el subdirector de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Ovigildo Herrera, quien indicó que la estrategia de esa entidad durante la administración de Pablo Quintero Luna fue "no contestar nada".
Herrera se refiere a la demanda que se originó cuando Quintero Luna, entonces director de la ATTT, dejó sin efecto una concesión que, en junio de 2002, había otorgado al inversionista francés Laurent Jean Marc-Parienti y a De Lesseps Holding Corporation, para la construcción y operación de una nueva terminal en Colón. Luego, Quintero Luna otorgó los derechos para construir la terminal a la Gran Terminal de Transporte Centenario. Figuran como socios de esta empresa Gassam Salama, como secretario y Gilberto Soto, miembro de la junta directiva de la ATTT, como tesorero.
En tanto, Quintero Luna, consideró que el laudo arbitral es "inaudito e incomprensible", porque esa entidad nunca otorgó una concesión al inversionista Laurent Jean Marc-Parienti ni a la empresa De Lesseps Holding Corporation.
"No se pudo dar una concesión de ese tipo", sustentó Quintero Luna, porque la Ley No. 14 de 26 de mayo de 1999, que regula el transporte público, prohíbe la inversión extranjera en ese sector. Además, preguntó: "¿cómo se iba a dar una concesión a alguien que no tenía terrenos para desarrollar ese proyecto?".
En tanto, Gassam Salama, uno de los empresarios de la Gran Terminal de Transporte Centenario de Colón, favorecida con la concesión para la construcción de una terminal, aseguró ayer, desde México, que el ex legislador de Colón Miguel Bush está detrás de que se le quite la concesión de construir este proyecto en la entrada de Colón.
Aseguró Salama, que Bush en 2003 le hacía lobby al francés Laurent Parienti, de la empresa Ferdinand de Lesseps, para que la asignación del proyecto de la terminal se diera a favor de la empresa europea.