ANÁLISIS I Hasta el pasado jueves, el Presidente había preferido el silencio. En relación al escándalo de la Corte sólo dijo que se debía renovar la Justicia y después se mantuvo al margen, permitiendo que la sociedad civil y los medios terminaran de carcomer la poca credibilidad que podía tener el tribunal. Sin embargo, cuando entendió que las cosas pasaban a mayores, decidió intervenir y promovió el Pacto de Estado por la Justicia. De un solo golpe el Presidente intentó quitarle las banderas a la Alianza Ciudadana pro Justicia, que desde hace años pedía un plan de Estado para renovar la Corte. Una semana atrás, las asociaciones civiles se encontraban luchando juntas por la remoción de todos los magistrados. Hasta tenían planeada una gran marcha. Luego del pacto congelador estallaron las divisiones internas.
Algunos verían con buenos ojos la idea de sumarse a la propuesta oficial, mientras otros dicen no querer quedar envueltos en "la estrategia somnífera del Ejecutivo". Lo cierto es que Torrijos salió a la luz pública flanqueado por Jerry Wilson -el presidente de una asamblea que responde sin chistar a las decisiones del mandatario- y por José Troyano, el presidente de una corte desgastada. También estaba Juan Antonio Tejada Espino, defensor del Pueblo -y primo de Torrijos- y Carlos Vásquez, presidente del Colegio de Abogados, que ya suena como uno de los candidatos para encabezar la renovación. El texto del pacto habría sido redactado por Rafael Mezquita, el secretario privado del Presidente, quien estuvo realizando fervientes gestiones intentando sumar más organizaciones a la cruzada congeladora.
La estrategia oficial parece clara: avanzar con la reforma de la Caja de Seguro Social mientras se decide qué hacer con la Corte. Vale recordar que este año se vence el mandato de Arturo Hoyos. Y que Torrijos aún debe designar al reemplazante del magistrado fallecido Rogelio Fábrega. En el gobierno estarían evaluando aprovechar estas oportunidades para lanzar un recambio parcial que aquiete la presión ciudadana, sin desatar la ira de los magistrados, quienes tendrían la potestad de reabrir el caso Cemis, el de los sobornos en la Asamblea, donde podrían estar implicados hombres fuertes del PRD.
Es cierto también que Torrijos se enfrenta a un escenario complicado. Si hubiese decidido avanzar contra los magistrados, apoyando su salida, seguramente hubiera sido acusado de querer entrometerse en el poder judicial y los fantasmas autoritarios del PRD hubiesen comenzado a flotar en el aire. Por lo pronto, el presidente Torrijos prefirió mantener la agenda política que tenía planeada y postergar la resolución del conflicto hasta encontrar un escenario en el que se sienta cómodo. Aunque la justicia se muera de frío.
