Como resultado de los tratados Torrijos-Carter, Panamá recibió el Canal el 31 de diciembre de 1999 y el territorio e infraestructuras de la antigua Zona del Canal, las “áreas revertidas”. Este proceso gradual de devoluciones comenzó en 1979 y terminó en 1999. Al inicio, junto con la jurisdicción panameña en todo el territorio, se comenzó a entregar a Panamá estructuras civiles (infraestructuras, viviendas) a medida que estadounidenses se iban jubilando de su trabajo en el Canal y en la administración de la antigua Zona.
La entrega de las estructuras militares comenzó en 1995 y terminó en 1999. La Zona del Canal comprendía una extensión de 147 mil 387 hectáreas, de las cuales 51 mil 880 son lacustres, incluyendo el Canal y el lago Gatún, y 95 mil 507 son tierras. De las tierras recibidas unas 50 mil hectáreas son bosques y selvas protegidas en parques nacionales, otras 20 mil hectáreas conforman el área del Canal interoceánico, 4 mil 600 hectáreas cercanas al Canal fueron áreas de prácticas de bombardeos en la Segunda Guerra Mundial y están contaminadas, no utilizables en esas condiciones. Otras 3 mil 500 hectáreas son áreas verdes urbanas y semiurbanas. La diferencia de unas más de 21 mil hectáreas son áreas urbanizadas y urbanizables. Las mismas se han incorporado en su mayoría al desarrollo urbano en los últimos 20 años con base a un Plan General de Uso desarrollado por la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI) y aprobado en la Ley 21 de 1997.
Panamá recibió además 14 mil 796 edificaciones o activos, en su mayoría viviendas y edificios dentro de las antiguas bases militares. A la fecha prácticamente todos han sido puestos en uso, en parte por el Gobierno Nacional, en su mayoría por actividades privadas de viviendas, oficinas, puertos, aeropuertos, centros comerciales, hoteles, universidades, oenegés, industrias, escuelas públicas y privadas, transporte terrestre y otros.
En 1978, recién aprobados los tratados, se hizo un primer Plan de Incorporación de la Zona del Canal al Desarrollo Nacional por el Ministerio de Planificación y Política Económica, en el cual se propuso la creación de una entidad autónoma encargada del proceso de reversión del Canal y su Zona. Esta se creó ese año y funcionó por unos años, pero desafortunadamente se deshizo por rivalidades internas con otros entes del Estado, ministerios y entidades autónomas. Un trabajo de reactivarla en 1985 no prosperó. Los bienes que revertían entonces eran administrados por diferentes ministerios con resultados mixtos. Finalmente, una comisión nombrada en 1990 preparó la propuesta de un Título Constitucional para reglamentar el manejo autónomo del Canal, de crear la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y la Autoridad de la Región Interoceánica ( ARI). Esto se hizo en 1993 y se ratificó por el siguiente gobierno en 1994. Panamá estuvo así preparado para recibir la mayoría de los bienes y activos del Canal y de las bases militares a partir de 1995.
El trabajo de la ARI fue el de recibir las propiedades, protegerlas, prepararlas en un registro y ordenamiento territorial, hacer el Plan General de Uso y, en efecto, ponerlas en uso ordenadamente ya sea privatizándolas, otorgándolas al sector público para usos específicos y concesionándolas, principalmente para actividades económicas por plazos de 20 a 40 años. En esa labor coordinó estrechamente con la PCA/ACP, el Ministerio de Hacienda y la Contraloría General. Se trataba de hacer avalúos, lotificaciones, agrimensuras, inspecciones, inscripciones, descripciones de las propiedades y más de 2 mil licitaciones públicas.
Se trabajó con base a cinco objetivos principales: de desarrollo económico, social, urbano, protección del medio ambiente y del área requerida para la expansión del Canal.
Los resultados, gracias a la participación de la comunidad panameña, al trabajo abnegado de un buen equipo profesional y su junta directiva en la ARI, a la efectiva coordinación intergubernamental y con la ACP, al orden y transparencia del trabajo hecho, han sido positivos para el desarrollo nacional.
Entre los logros más sobresalientes de una labor de Estado de 1990-2010 están: los puertos de contenedores más grandes de América Latina, la rehabilitación del ferrocarril transístmico, la expansión de la Zona Libre de Colón, centros comerciales de Albrook y Cuatro Altos, el área Panamá - Pacífico, la Ciudad del Saber, la incorporación de Amador, Zonas Procesadoras de Exportación, los aeropuertos de Albrook, France Field y Howard, las terminales de combustible, la ubicación de cables submarinos internacionales de fibra óptica, la terminal de transporte, múltiples hoteles y oficinas de empresas, más de 600 hectáreas para viviendas de interés social, los campus universitarios para la Nacional y la Tecnológica en Panamá y Colón y de las Américas, múltiples escuelas públicas y privadas, hospitales como el Oncológico, la ubicación del sistema judicial y varios ministerios y entidades autónomas como el Seguro Social, la venta de más de 2 mil 300 viviendas, la asignación de más de 200 propiedades a oenegés sociales, educativas, económicas y religiosas.
El récord indica que Panamá ha incorporado con eficiencia al Canal y a la antigua Zona al desarrollo nacional a través de varios gobiernos. Con ello, se ha transformado en los últimos 15 años su crecimiento económico, urbano y social, y se ha mantenido el medio ambiente ecológico.
La conectividad internacional lograda proyecta el dinamismo nacional integrado al hemisferio y al mundo.
