Por lo menos 35 (la cifra varía de acuerdo a la agencia que se consulte) personas murieron ayer en un ataque suicida a una sucursal bancaria en el este de Afganistán, que el presidente de ese país atribuyó el grupo Estado Islámico (EI).
El ataque constituye una intensificación de la lucha contra una organización afiliada del grupo extremista que controla un tercio de Irak y Siria. También ocurre en momentos en que las fuerzas de seguridad afganas combaten al Talibán después que los soldados de Estados Unidos (EU) y la OTAN pusieron fin a su misión de combate a comienzos de año, en un nuevo desafío a la convulsionada nación.
El ataque en Jalalabad, capital de la provincia oriental de Nangarhar, tuvo como blanco un grupo de soldados y civiles reunidos frente al banco para cobrar su salario mensual. Además de los 35 muertos, hubo 125 heridos, precisó Ahmad Zia Abdulzai, vocero del gobernador provincial.
Horas después del ataque, el presidente Ashraf Ghani atribuyó el ataque al Estado Islámico. “En el aterrador incidente de Nangarhar, ¿quién se responsabilizó? No lo hizo el Talibán, sino se lo atribuyó a Daesh”, dijo Ghani, utilizando el acrónimo árabe del grupo extremista.
El Talibán negó ser responsable del ataque al banco y otro en la provincia que mató a un civil e hirió a dos. “Condenamos ambos y negamos participación en ambos”, dijo el vocero talibán Zabiullah Mujahid en un tuit.
Ghani advirtió que el EI empezaba a establecer una presencia en Afganistán.
Aprovechó su visita a Estados Unidos el mes pasado para reiterar su preocupación de que el grupo extremista estuviera penetrando en la nación.
“Si no permanecemos unidos, esta gente va a destruirnos”, dijo a 600 personas reunidas en la sede central del gobierno provincial en Faizabad, capital de la provincia de Badakhshan.
Exhortó al Talibán a unir fuerzas con el gobierno central y dijo que todo talibán que jure lealtad al Estado Islámico se hará merecedor de la ira de los líderes religiosos afganos.
Ghani atribuyó a “terroristas internacionales” un ataque reciente a un puesto del ejército en el que murieron 18 soldados, ocho de ellos decapitados.
No se sabe que el Talibán acostumbre a decapitar.
El secretario general adjunto de la ONU para los Derechos Humanos, Ivan Simonovic, de visita en Afganistán, calificó el ataque de “crimen de guerra”.
“El uso suicida de bombas y otros artefactos de manera tan indiscriminada por grupos insurgentes claramente constituye un crimen de guerra, y los responsables de organizar o perpetrar dichos ataques deben ser llevados ante la justicia”, dijo en una declaración.
Extremistas desencantados con el Talibán y otras organizaciones, impresionados por las ganancias territoriales y propaganda del Estado Islámico, han empezado a izar su bandera negra en zonas dominadas por extremistas en Afganistán y la vecina Pakistán.
