La Cancillería paraguaya dijo ayer que los expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas no se informaron adecuadamente antes de responsabilizar al Estado paraguayo de no proteger a una niña de 10 años embarazada tras ser violada.
En un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que los especialistas actuaron “a título personal sin haber mediado solicitud alguna de información previa al Estado”.
Agregó que “las autoridades nacionales, al conocer el hecho, dieron intervención inmediata a los organismos competentes” y recordó que la madre y el padrastro se encuentran encarcelados por orden de la justicia y la menor lleva adelante su gestación bajo los cuidados del hospital local de la Cruz Roja. Según el informe emitido en Ginebra por la ONU, el Estado paraguayo no actuó con la debida diligencia en el caso de la menor “a la cual se le negó el acceso a tratamientos para salvar su vida y preservar su salud, incluido el aborto seguro y terapéutico en el momento oportuno”.
La ONU llamó la atención sobre la ley paraguaya que autoriza la interrupción del embarazo cuando peligra la vida de la mujer pero “no provee excepciones, especialmente en casos de violación, incesto o feto inviable”. Para los expertos “la decisión de las autoridades paraguayas ha resultado en graves violaciones de los derechos a la vida, a la salud y a la integridad física y mental de la niña”.
El comunicado de la ONU fue suscrito por cuatro especialistas, entre ellos Emna Aouij, presidenta del grupo de trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica, y Rashida Manjoo, relatora especial sobre la violencia contra la mujer. La Cancillería invitó“a los mecanismos y procedimientos especiales de protección de derechos humanos del sistema de la ONU a conocer in situ el caso y las medidas implementadas por el Estado”.
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