Durante meses recientes, el proyecto autoritario de Hugo Chávez ha avanzado con rapidez sobre tres perturbadoras acciones:
∙ El dominio definitivo del ya debilitado Poder Judicial, mediante la intervención directa en el nombramiento de magistrados y jueces. ∙ El control sobre el contenido de la televisión, gracias a una ley de medios que coarta seriamente su independencia y crea instancias draconianas para imponer criterios y sanciones.
Y el virtual asalto contra la propiedad agrícola, con una "reforma agraria" que es, apenas, un mecanismo de confiscación sin certeza jurídica ni bases técnicas.
Todas ellas, en distinto grado y plazo, implicarán menor libertad, mayor pobreza y creciente vulnerabilidad para los venezolanos. Pero, desde el punto de vista del "compañero presidente", al menos tienen la virtud de ser coherentes entre sí y con el proyecto de régimen que impulsa en Venezuela.
Algo muy distinto ocurre con la más reciente e imprudente decisión de Chávez: desatar una crisis diplomática, económica y de seguridad con Colombia, a raíz de la captura y encarcelamiento del llamado "canciller" de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC), Rodrigo Granda. Hasta ahora, y de forma quizá irreversible, su manejo del caso ha puesto a Venezuela en una situación sumamente delicada en el hemisferio.
Si Granda fue "secuestrado" o no en Caracas por instrucciones o con la participación de autoridades colombianas, y si esto constituye una agresión a la soberanía venezolana, es algo que ha pasado a un segundo plano. Aunque importante, se trata de una faceta estrictamente bilateral, grave para los dos países, pero sin gran irradiación en los vecinos.
La dimensión más inquietante, a escala continental, se asienta en una serie de hechos incontrovertibles y estrechamente vinculados: Granda era agente activo de un grupo armado dedicado, entre otras cosas, a secuestrar y traficar drogas; vivía en Caracas con su familia, parapetado en una recién obtenida nacionalidad venezolana; contaba con la protección de Chávez, y, según reconocieron las FARC, había participado como invitado en una reunión "bolivariana" promovida por el Gobierno.
Por qué, a pesar de la seriedad de estas realidades, Chávez optó por crear un escándalo internacional que centró la atención en su complicidad con la guerrilla colombiana, es algo difícil de saber.
Quizá la explicación más sensata sea que, simplemente, se le disparó su débil seguro contra la demagogia y cayó en la trampa de su desbocada retórica.
Las implicaciones no serían tan serias si todo esto hubiera ocurrido hace 20 años, cuando América Latina no había salido aún de las dictaduras, cuando las diferencias entre perseguidos políticos, guerrilleros y terroristas no eran tan claras, y cuando los flujos de insurgentes entre países se daban con mayor regularidad, confusión y hasta tolerancia.
Hoy, en cambio, en todo el continente (a excepción de Cuba y Haití) los gobiernos son producto de elecciones razonablemente libres y las FARC son consideradas una narcoguerrilla sin legitimidad ideológica alguna.
La protección oficial para sus dirigentes no es aceptable ni para Lula da Silva, ni para Néstor Kirchner, ni para Tabaré Vázquez, a quienes Chávez pregona como aliados; menos, por supuesto, para Vicente Fox, Alejandro Toledo o Ricardo Lagos, que siempre han estado más distantes.
Todos ellos son -o serán-- presidentes clave de países clave para que cualquier gestión "bolivariana", en comercio o en política, pueda ser tomada en serio.
Y si antes actuaban con paciente condescendencia o disimulada suspicacia frente a Chávez, ahora tienen razones de sobra para la inquietud y la reconsideración de sus relaciones con Venezuela. Una cosa es el "bolivarianismo" basado en el respeto a la institucionalidad democrática de los países, y otra muy distinta su extensión utilizando guerrilleros, agitadores o resentidos. Gracias a sus propias acciones, Chávez está, hoy, más aislado que antes. Sería iluso pensar que esto afectará a corto plazo su capacidad de control interno. Pero es claro que ha abierto un nuevo flanco de vulnerabilidad y ha limitado seriamente sus pretensiones de liderazgo latinoamericano.
