Políticos de centroizquierda sostuvieron el jueves que rechazan las intenciones de vender la parte estatal en cuatro empresas proveedoras de agua potable y de tratamiento de aguas servidas, para lo cual advirtieron la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional.
El Gobierno defendió el anuncio hecho este miércoles de la venta por la cual pretende obtener unos mil 600 millones de dólares que las autoridades destinarán a capitalizar empresas estatales. Desde su privatización en la década pasada, el estado mantiene entre el 33% y el 40% de la propiedad de las cuatro empresas de agua. El ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, afirmó que “aquí no estamos privatizando, aquí estamos cumpliendo un objetivo respecto del programa de Gobierno”.
Inicialmente, el Gobierno informó que la venta de la propiedad estatal en las sanitarias, como se denomina en Chile a las firmas que suministran el agua y cuidan la red de drenajes, serviría para financiar la reconstrucción por el devastador terremoto y tsunami del 27 de febrero.
En el opositor Partido Socialista, junto con impugnar la medida, señalaron la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional para impedir la venta de las acciones estatales en esas entidades.
El presidente de ese grupo, el diputado Osvaldo Andrade, dijo también que según informes jurídicos la venta accionaria debiera ser objeto de un proyecto de ley, que el gobierno parece no contemplar, sino efectuarla a través de una resolución administrativa.
El demócrata cristiano presidente del Senado, Jorge Pizarro, sostuvo que se trata de “un engaño y un negociado” y que el gobierno de derecha busca con la venta accionaria “privatizar y entregarle a determinadas empresas un gran negocio”.
El estado recauda unos 150 millones de dólares anuales por su participación en la propiedad de las cuatro empresas sanitarias.
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