La ONU Hábitat convocó a la tercera de sus reuniones para el diseño de políticas que velen por la calidad de los asentamientos urbanos, denominada Hábitat III, que se realizará en octubre de este año en Quito, Ecuador. Al parecer, esa cumbre dedicada a las ciudades y en la que se definirá la “nueva agenda urbana”, se realizará sin que los ciudadanos panameños puedan expresar sus anhelos, necesidades, problemas y propuestas, pues hasta ahora no han sido convocados con ese propósito por los funcionarios responsables del desarrollo urbano en Panamá.
Desde hace muchos años, diversos instrumentos, como la Carta de Aalborg+10, sugieren acciones para modificar los patrones de urbanización inadecuados e insisten en señalar la importancia de la planificación, integrando aspectos ambientales, sociales, económicos, culturales y de salud. Asimismo, enmarcados en la noción de derecho a la ciudad, otros documentos como: la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad, la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad, la Carta de Derechos y Responsabilidades de Montreal y la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad, por mencionar algunos, se orientan a proteger a los habitantes y a fiscalizar y responsabilizar a los gobiernos nacionales y locales.
El área metropolitana de Panamá–que ya aglutina al 46% de la población del país– continuará su proceso de urbanización acelerado y caótico. Es imperativo que el modelo a seguir en el futuro sea definido colectivamente. ¿Hacia dónde vamos? y ¿qué clase de ciudades queremos? Antes de responder a esas interrogantes, hay que conocer cómo es el lugar que habitamos. En el área metropolitana se toman decisiones para beneficiar los negocios especulativos, y los cambios los determinan los grandes inversionistas y el mercado inmobiliario, sin ver las consecuencias negativas sociales y ambientales que provocan. Se cambian las normas para construir multifamiliares de gran altura, con densidad de 500 habitantes por hectárea, que sobrepasan la capacidad de servicios públicos, destruyen el espacio común y arruinan la identidad de los barrios, así como la diversidad cultural y patrimonial. Todo ello, desconociendo las demandas y opiniones de los ciudadanos organizados de sitios como Juan Díaz, Paitilla, Obarrio o San Francisco.
La ausencia de voluntad política para la articulación de los instrumentos de planificación con proyectos de transporte y movilidad, así como para capturar plusvalía y equilibrar la distribución de los costos y beneficios (que contempla la Ley 6 de 2006) impide invertir en acciones sustentables que detengan los asentamientos espontáneos y la autoconstrucción. Tampoco permite invertir en mejorar áreas como Pacora, Tocumen o Las Mañanitas, construyendo espacio público de calidad, equipamiento deportivo y cultural o apoyando con soluciones locales a la movilidad; acciones estas que contribuirían a disminuir las altas tasas de violencia e inseguridad existentes.
No hay políticas de suelo urbano para impulsar el desarrollo de la vivienda social en buenas ubicaciones y en tramas integradas a la urbe. El gasto público dirigido a la vivienda de clase media es, más bien, un subsidio a las empresas que realizan proyectos inmobiliarios fragmentados en toda el área metropolitana, sin ninguna relación entre sí, generando un tejido difuso que aumenta la dispersión (en especial en La Chorrera y Arraiján) y obliga a miles de personas a movilizarse a diario desde la periferia hacia los polos de empleo, en el casco urbano central, provocando congestiones cada vez peores y aumentando, además, la contaminación.
Hace poco se divulgó que se empezaría a elaborar el Plan de Ordenamiento Territorial del distrito de Panamá. Además, hace ya más de un año finalizó la actualización del Plan de Desarrollo Urbano de las Áreas Metropolitanas del Pacífico y del Atlántico, ambas iniciativas importantes en la actual coyuntura, pues el acceso a viviendas dignas, las infraestructuras, el transporte, la energía, los servicios, la pobreza, el empleo y las migraciones se han constituido en desafíos no resueltos.
Pareciera que la tradicional indiferencia empieza a perder terreno, ante el fortalecimiento de organizaciones, como la Red Ciudadana Urbana de Panamá, formada por más de 40 grupos vecinales que se autocovocan para exigir su participación en los procesos de planificación de la ciudad y para reclamar algunos de los aspectos señalados en los documentos relativos al “derecho a la ciudad”. Definir adónde vamos y qué clase de ciudades queremos, requiere organizarse y comprometerse en acciones concretas, para exigir transparencia y rendición de cuentas a los gobiernos nacionales y locales y, también, demandar una participación efectiva para que el desarrollo cumpla, tal como dice la Ley 6 de 2006, su función social, ambiental y ecológica, con prevalencia de lo público sobre lo privado, y de lo colectivo sobre lo individual. Así construiremos ciudades integradas, conectadas, incluyentes y equitativas.
