Las declaraciones vertidas, recientemente, por parte del presidente Martinelli evidencian una intromisión directa en un poder del Estado, lo cual constituye una flagrante violación al principio de separación de los poderes y una amenaza velada al sistema de administración de justicia. Esto simple y llanamente, porque las decisiones jurisdiccionales no se allanan a las arbitrariedades que comete el Ejecutivo en sus funciones.
Los señalamientos en contra de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia van dirigidos, directamente, a la sacrosanta función de administrar justicia, ya sea porque se han tomado medidas provisionales o bien emitido fallos que afectan al Estado. Este llamado de atención es hecho de forma severa y se enfatiza en que no será tolerante de resoluciones judiciales contrarias a los intereses de la Nación.
A quienes, diariamente, nos toca litigar ante esta sala de la Corte, consideramos que esas afirmaciones son desafortunadas, agoreras y constituyen una espada de Damocles sobre la cabeza de los magistrados al momento en que les corresponda, frente a un problema jurídico evidente, fallar en contra del poder Ejecutivo. ¿Qué esperanza tenemos los particulares frente al ente estatal que viola las leyes y procedimientos en la emisión de sus actos o bien la posibilidad de ser resarcidos por los daños causados por este en su gestión diaria, si el dirimente, quien debe declarar el derecho, se encuentra amenazado y secuestrado en su principal función: administrar justicia?
El administrador del poder Ejecutivo debe dar muestras de cordura, serenidad y respeto frente a los restantes Órganos del Estado. Con intimidaciones y amenazas, no se puede conminar al juzgador a que ceda frente a las protuberantes ilegalidades y daños que pueda ocasionar el Estado a los administrados. Hago propias las palabras del autor Santiago Sentis Melendo al referirse a este tema, cuando señala que “una Nación podría vivir con ministros prevaricadores, pero no puede vivir sin justicia. Si el Gobierno, en nombre de la razón de Estado, puede impedir a los magistrados que instruyan según su conciencia y a los tribunales que juzguen, ya no hay ninguna seguridad jurídica ni ninguna garantía para nadie, a decir verdad, ya no hay Estado” (citado por Pedro Barsallo, Apuntes de Derecho Procesal I).
Si el señor Presidente está disconforme con las decisiones de los tribunales y salas de la Corte Suprema, debe procurar y velar para que las instituciones y dependencias del Órgano Ejecutivo actúen respetando los derechos particulares y conforme a la ley; puntos estos que son los principales motivos que generan las demandas en contra del Estado. Estoy seguro de que los actuales magistrados harán respetar la Constitución y la ley, únicos elementos normativos a los cuales se deben, ya que han evidenciado hasta la fecha con su actuar que “todavía quedan jueces en Berlín”.
