Antídoto político para un envenenamiento

Me llama la atención que en el caso del envenenamiento masivo en la Caja de Seguro Social (CSS) las víctimas aún no han sido resarcidas satisfactoriamente. Es un caso en el que no hay duda de quiénes fueron los afectados ni de quién es el culpable, el Estado; lo que me permite cuestionar el trabajo de los abogados en favor de las víctimas.

Estamos hablando de un envenenamiento ocasionado en una entidad pública, perpetrado por funcionarios públicos a asociados que pagaron por un servicio. No entiendo cómo el Estado rehúsa darle una pronta atención a este caso, donde tratan a las víctimas como si hubieran adquirido la enfermedad (o la muerte) por conducir borracho, por una riña callejera, por una sobredosis de droga o por un acto sexual. Señores de la CSS, esa gente fue a sus instalaciones en busca de un medicamento para mejorar su salud y en su lugar ustedes les dieron un veneno. ¿Eso no les causa ningún pesar?

Entiendo que el Estado quiera buscar atenuantes por el error cometido o ponerle nombre y apellido a los responsables pero, ¡por favor!, ¡ya basta!, devuélvanle algo de lo que inocentemente se le arrebató a esa gente. El Estado debe primero cumplir con las víctimas que ha ocasionado y luego tratar de recuperar su dinero de los responsables directos, sean estos ejecutivos, farmacéuticos, vendedores, españoles o chinos.

No me sorprendería que detrás de todo esto estén involucrados políticos de oposición tratando de “pescar en río revuelto”, lo que me hace pensar que a los gobiernos de turno les preocupa que al compensar a los afectados alguien de oposición gane créditos. Me imagino que también hay oportunistas “juega vivos” que quieren hacerse las víctimas de un jarabe que nunca tomaron, a quienes el gobierno no quiere darles dinero. Sobre esto puedo decir que cualquier experto en estadística podrá demostrar que la cantidad de asegurados que no se enteraron de que fueron envenenados por esos “jarabes” o que, simplemente, no quisieron presentar su denuncia es superior a los infiltrados como víctimas; así que ¡por favor! paguen a esas personas lo que se merecen.

Pienso que este caso aún no se ha resuelto, porque está en manos de políticos, por tal, “la solución” será política y nunca será justa ni de contenido social. No se puede decir que no hay dinero, porque hemos visto cómo han salido los millones para personas que poco cotizaron para la CSS e, incluso, para personas que nunca pagaron impuesto.

Avergüenza decirlo, pero el problema está en que los envenenados son pocos. Los afectados no representan tantos votos como los jubilados y los no jubilados mayores de 70 años. A los gobiernos de turno les duele dar tanto dinero a unas cuantas personas, aunque se lo merezcan. Ellos prefieren dárselo a otros que no se lo merecen, después que generen muchos votos. ¡Qué asco!

Lo anterior me recuerda una ocasión en que la Universidad de Panamá logró que el gobierno le diera una partida extraordinaria para desarrollar las áreas científicas. El apoyo se dio pero condicionado a que el mismo se invirtiera en los cursos básicos, dejando las necesidades de los cursos avanzados y de las investigaciones en segundo plano. Dado el hecho de que el apoyo se ofreció previo a las elecciones presidenciales de ese entonces, no me quedó duda de que los gobernantes de esa época preferían comprar miles tubos de ensayo para cientos de estudiantes de primer año, que seguramente no terminarían la carrera, que comprar un aparato para una docena de estudiantes graduandos o investigadores. Así es como ellos se manejan.