La dimensión del daño, el dolor y el sufrimiento causado a esos panameños, solo puede evaluarse desde la perspectiva de las víctimas. Esa es la pugna entre la memoria y el olvido. Entre el delicado equilibrio de quienes llevan en carne viva una herida que no ha sido cauterizada por actos de verdad y justicia, y aquellos que persisten en politizar esa realidad nacional. Los últimos son los ideólogos de un antimilitarismo que han explotado por intereses particulares y sobre el que cabalgan en forma perversa.
La mayoría de la sociedad panameña está reconciliada consigo misma. Pero eso no impide sopesar el pasado desde la perspectiva del autoritarismo y las acciones de justicia social, la promoción del mejoramiento económico de los sectores populares y de soberanía nacional. Arrebatarle el poder a políticos y empresarios retrógrados produjo tal fractura en la correlación de fuerzas dentro del país, que Omar Torrijos tuvo que enfrentar una conspiración que permanentemente intentó derrocarlo echando mano de todos los medios. Finalmente se concretó el magnicidio que involucró a altos jefes militares, a sus enemigos de tiempo completo y a Estados Unidos.
Sin duda hubo excesos injustificados en el régimen de Torrijos. Pero luego de su asesinato, sus herederos militares protagonizaron tal desequilibrio institucional que se sucedieron siete gobiernos en ocho años. De eso hay que responsabilizar también a los civiles con mentalidad castrense, cuya peligrosidad fue mayor que la de quienes empuñaron las armas. Al final llegó como epílogo la invasión estadounidense fraguada por los mismos conspiradores y cómplices de la muerte de Torrijos. En retribución usurparon la riqueza del Canal y sus áreas aledañas, y lucraron con el proceso privatizador de los bienes del Estado. Mientras tanto los familiares y sobrevivientes de las víctimas del autoritarismo siguen esperando verdad y justicia.
Actualmente es la hora cero para que el nuevo gobierno asuma con valentía la parte de responsabilidad que le toca al Estado. Debería darse un pronunciamiento oficial sobre quiénes son los responsables y las motivaciones que llevaron a los militares al uso del poder para acallar a sus opositores. Si no se cierra ese capítulo con actos de justicia, no se pondrá fin a la ignominia y la impunidad.
No es afán de venganza sino de tratar de restituir la legalidad constitucional quebrantada por los abusos del Estado. La demanda de justicia significa no repetir los hechos del pasado y garantizar que las instituciones nacionales no sean manipuladas por intereses personales o, como ha sucedido recientemente, como un botín político y económico.
La experiencia de otras sociedades latinoamericanas, como el reciente caso de Chile, hablan de gestos demorados pero no menos importantes cuando se quiere romper con el pasado y proyectarse hacia el futuro asumiendo la responsabilidad institucional por los abusos desde el poder.
Los sobrevivientes y los familiares de las víctimas no ven la reparación como un mero resarcimiento económico. El daño, el dolor y el sufrimiento no tienen precio. Hay responsables que han pagado su culpa ante la justicia. Pero son más los que se escudaron tras empresarios que conspiraron contra Torrijos o reclamaron los servicios prestados a Washington y que se reciclaron con la misma mentalidad autoritaria en los gobiernos surgidos tras la invasión estadounidense. Esos militares son los que actualmente obstaculizan, confunden o tratan de desvirtuar los genuinos reclamos de los familiares de las víctimas de los excesos del periodo castrense.
Para que se cierre la herida del pasado debe generarse la terapia de la verdad y la justicia como elementos fundamentales para descorrer el velo de la humillación física y sicológica. No se trata de disculpas tardías ni de reparaciones antojadizas. Es promover la urgencia para que los mandos militares de entonces rindan cuentas públicas por los hechos del pasado. Debe producirse una reparación moral y la documentación de lo sucedido, una reparación jurídica para que haya legislaciones que tipifiquen como delito las desapariciones forzadas, los asesinatos políticos, e impidan que se repitan. También debe darse una reparación social para que se indemnice de acuerdo con las leyes internacionales a los familiares de las víctimas.
La nación debería encauzarse hacia el futuro, librada de la energía y la pasión que se vuelca hacia un pasado que no puede cambiarse, pero que permitiría a los panameños en su conjunto sanar las heridas de un ayer que no debería reabrirse jamás.
