En los casos de Finmecanica, del Metro Bus, del proyecto habitacional “Ave Fénix”, del Centro de Convenciones de Amador, de la cancelación de la venta de Atlapa, del controvertido puerto de Corozal, de la ampliación del Canal, del Idaan, de Cobranzas del Istmo, y del Seguro Social, hacen falta muchas aclaraciones; pero como demandarlas todas al detalle requeriría de varias columnas, por ahora, pediré las de mayor bulto.
Finmecánica. El Estado panameño ha sido burlado descaradamente. El nuevo gobierno, había anunciado que rescindiría el contrato y exigiría las correspondientes responsabilidades. Esas promesas se las llevó el viento y todo ha quedado, según el ministro Aguilera, en que el Gobierno contrató a una firma privada de abogados, sin decir por cuánto ni por qué se la escogió, para que “le recomiende al Gobierno qué se debe hacer”.
Si la Procuraduría, General y de la Administración, por mandato constitucional deben asesorar al Gobierno en estas materias y, además, este tiene a su servicio centenares de abogados, algunos con salarios ministeriales, ¿por qué se optó por un asesoramiento privado y por qué el Sr. Aguilera, después de 10 meses en el cargo, no fue capaz de tomar una decisión?
Metro Bus. ¿Por qué si, como está comprobado, la empresa concesionaria no ha cumplido con las condiciones del contrato; ha prestado un pésimo servicio, si es que puede llamársele tal; y birlado a los trabajadores sus prestaciones laborales, ahora resulta que el Estado, a cambio de recibir una flota de autobuses depreciada y casi inservible, la sustituirá en todas sus obligaciones y se hará cargo del pago de las prestaciones que justamente reclaman los trabajadores?
Ave Fénix. Si la expropiación de las fincas fue declarada inconstitucional y deberán devolverlas a sus propietarios, ¿cómo se explica que se haya anunciado que se ha llegado a un acuerdo para sustituir al contratista de los edificios y continuar con el proyecto? Y el dinero que ya se pagó, ¿cómo se recuperará? ¿Y quién pagará la indemnización que con razón reclaman los dueños de las fincas?
Centro de Convenciones de Amador y Atlapa. En la memoria colectiva está vivo el “show del mazo”, protagonizado por el expresidente Martinelli Berrocal, coreado por sus comparsas. Por esas épocas, también se habló con insistencia de “un arreglo” amistoso para poner fin a la vieja reclamación de los antiguos propietarios de los terrenos expropiados donde se construyó Atlapa, la familia Berrocal, parientes de su pariente.
La decisión de construir un nuevo Centro de Convenciones, en Amador, por la manera como se orientaban los vientos en el pasado gobierno, parecía una consecuencia inexorable, y explica que se procediera a contratar su construcción y el inicio de las obras.
Pero después, sin que se hayan aclarado pormenores, y menos responsabilidades, el proyecto se estancó, con acusaciones mutuas de incumplimientos, y con el cambio de gobierno entró en la senda de las confusiones.
El nuevo administrador, mal llamado ministro, de la Autoridad de Turismo, según transcurren los días nos desayuna con novedades que solo sirven para desorientar.
Ha hablado de “echar al contratista incumplidor”, de negociar con él un acuerdo amistoso, de cederle el contrato a otra empresa, ha pedido créditos extraordinarios y, por último, con la justificación de la inversión millonaria hecha para renovar Atlapa, de que se ha cancelado su venta, pues su nuevo esplendor se aprovechará para celebrar otros pomposos eventos internacionales, y de las adiciones que se harán para ubicar las oficinas centrales de la Autoridad de Turismo de Panamá, que él preside, aunque cada día son más fuertes los rumores de su inminente defenestración.
¿Cuál es la verdad en tanto embrollo? ¿Podrá alguien aclararla de manera coherente y sin rodeos? Cuanto antes se haga, mejor que mejor. De los otros temas gordos que mencioné y de algunos adicionales, que enrarecen el aire, me ocuparé en futuras entregas.