El temor que al principio tuvieron los gringos sobre Patria Nueva se basaba en experiencias pasadas en las que el PRD y el gobierno del presidente Pérez Balladares habían sido muy nacionalistas y que, en esa línea, prefirieron entenderse con los chinos "para entregarles" los puertos principales del país, Balboa y Cristóbal, afectando las aspiraciones de los estadounidenses para explotar ese negocio. Agregaban que los gringos todavía se sentían seriamente molestos porque Panamá prefirió a la empresa Hutchinson, en vez de tener en sus riberas a una empresa tan prestigiosa -al decir de los gringos- como la Betchtel, administrando los puertos y el ferrocarril transístmico. Recordé que la Hutchinson, la empresa operadora de puertos más grande del mundo, se ganó la concesión portuaria cuando mejoró la oferta estadounidense en más de 20 millones de dólares ¡mensuales!, hoy perdidos por el fisco a consecuencia de una graciosa y no muy transparente movida del patriótico gobierno arnulfista.
Aclaré a mis interlocutores que en el fondo la posición del presidente Pérez Balladares, y del PRD, nunca estuvo teñida de sentimientos antiestadounidenses.
La información de mis amigos fue confirmada por las declaraciones desembozadas que dio la Sra. Regina Vargo, jefa de la delegación de Estados Unidos del TLC, cuando dijo a los medios nacionales que "tenemos un genuino interés en el Canal y estaríamos dispuestos a hacer algunos ajustes sobre ciertas obligaciones dentro del capítulo de compras gubernamentales del TLC, mediante el cual Estados Unidos aspira a que las empresas estadounidenses participen -'con un acceso preferencial'- en obras de ampliación del Canal".
No cabe duda de que la reforma del Artículo 319 -referente a las transacciones de compras de bienes y servicios por la Autoridad del Canal- encuentra su explicación en las declaraciones de la Sra. Vargo, y aclara la forma exabrupta en que el tema de las reformas constitucionales llegó a la Asamblea Legislativa, así como también que el debate del TLC se prolongará a la próxima administración.
Realmente nadie ha podido explicar, ni política ni técnicamente, en qué consisten los beneficios que brindará el TLC a Panamá. Lo que vemos diariamente es manifestaciones en las calles de empresarios agropecuarios, profesionales y trabajadores, sustentando que esos acuerdos no benefician en nada a Panamá, mientras que en Estados Unidos los políticos se encuentran divididos por el tema.
Si todo indica que el tratado de libre comercio con Estados Unidos es un embudo, en que la parte más angosta le toca a Panamá y que a los estadounidenses solo les interesa tener una posición privilegiada en las compras de bienes y servicios de la Autoridad del Canal, ¿por qué no suspender estas negaciones hasta que el panorama se presente más claro? El derecho a decir no, cuando las circunstancias lo ameritan y el interés nacional lo exija, no debe alterar a nadie. El futuro gobierno deberá tener esto muy en cuenta, pues en sus filas hay quienes piensan más en los beneficios personales, por los negocios que tienen con empresarios estadounidenses, que en el interés nacional. Entendemos que los estadounidenses tienen derecho a participar con sus empresas en la futura ampliación del Canal, pero ello debe ser en igualdad de condiciones con las empresas de otras naciones.
Es así como se garantiza el interés nacional en el plano económico, no con privilegios ni favoritismos como ha hecho el gobierno saliente.
Como también es inaceptable que siendo hoy Panamá un país libre, soberano y democrático se acepte, mansa e ignominiosamente, tachas de funcionarios de la Embajada estadounidense a quienes suenan para ocupar altos cargos públicos en el próximo gobierno, porque consideran que afecta a su seguridad nacional. Estamos no solo frente a sinvergüenzuras, sino peor: ante una situación indignante e intolerable que debemos rechazar de una vez por todas. ¿O es que nadie quiere perder la visa para entrar a Estados Unidos?