Ahora que el tema es motivo de la atención pública, debido a las confrontaciones que han protagonizado en la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) los representantes de los partidos políticos y del Foro Ciudadanos pro Reformas Electorales, viene a cuenta destacar el fallo pronunciado hace solo unos días por la Corte Suprema de Brasil, que declaró inconstitucionales las donaciones de empresas privadas para las campañas electorales, por cuanto “el poder económico acaba capturando al poder político”.
El fallo, aparte de echar por tierra la legislación vigente que permitía esas donaciones, se adelanta a la posible sustitución de la ley declarada inconstitucional con otra nueva ley, aprobada ya por el Congreso y pendiente de sanción por la presidenta Dilma Rousseff.
Como sostuve en dos artículos recientes, el tema de la financiación de la política, en general, y de las campañas políticas, en particular, es el que definirá, positiva o negativamente, los resultados de las deliberaciones de la CNRE.
Hasta las reuniones celebradas los pasados 17 y 24 de septiembre, la situación está muy lejos de tener rumbo cierto. Por un lado, los partidos políticos, haciendo valer que controlan cinco de las nueve representaciones con derecho a voto, decidieron mantener el subsidio electoral en su forma legal vigente, que automáticamente les garantiza su incremento, en 30 millones de dólares, para el período 2019-2024. El aumento automático se producirá, como consecuencia de mantener inalterada la fórmula para calcularlo, basada en los ingresos corrientes del gobierno central. Como estos crecen anualmente entre un 8% y un 10%, en el 2018, o sea, el año previo a las elecciones, estos incrementarán en un 50%, en comparación con 2013. Y, como los ingresos corrientes de 2018 serían el referente para fijar el monto del subsidio electoral, en consecuencia, este aumentará en esa misma proporción. Trasladado a cifras, como para el período 2014-2019 el subsidio es de 70 millones, el del período 2019-2024 remontará a 100.
Que los partidos políticos insistan en mantener inalterada la actual fórmula para calcular el monto del subsidio electoral y decidieran tirarse por la calle del medio, imponiendo su mayoría de votos en la CNRE, aunque parezca beneficiarles momentáneamente, tiene todos los visos de un error táctico, por cuanto contribuirá a seguir disminuyendo su imagen en la estimación de la ciudadanía.
El argumento más socorrido para justificar el aumento de los subsidios es la función, defendida como insustituible, que a los partidos les corresponde desempeñar en los sistemas democráticos; pero este, por sí solo, no es suficiente para convencer al 50% de la ciudadanía, que no forma parte de ellos y que no considera justos los montos que destina a los partidos el actual sistema electoral, cuando existen tantas demandas insatisfechas en materia de salud y educación, para mencionar solo las más relevantes.
El segundo argumento más utilizado es que en la medida en que la política es financiada con recursos públicos, se aleja y hasta se elimina la posibilidad de que el dinero, especialmente el proveniente de actividades de dudosa legitimidad, “materialmente compre los resultados electorales”. Esta alegación, tal vez sería atendible si, como contrapartida del financiamiento público, existiera una prohibición absoluta del financiamiento privado de la política y de las campañas. Pero el debate no se ha orientado en ese sentido ni las experiencias acumuladas en los pasados torneos electorales dan base para esperar enderezar las cosas; a menos que la denominada clase política revalorara el camino que ha emprendido y, en lugar de la imposición intentara ensayar las vías de la justificación y del convencimiento, asumiendo mayores compromisos con la transparencia y la rendición de cuentas.
La actividad política es esencial en una democracia y en ella los partidos, como instrumentos para la formación y la expresión de la voluntad popular deben cumplir un papel fundamental; pero también es su obligación corresponder con sus conductas a las expectativas de la ciudadanía, especialmente de la que no se agrupa bajo sus toldas y que por ser ampliamente mayoritaria, comparada con cada uno de ellos, al final tendrá la última palabra, cuando decida con sus votos.
Lo sucedido en Brasil marca un buen camino. Allá se limitarán o eliminarán los financiamientos privados, por haberlo decidido así los tribunales; acá sería precavido y prudente que los partidos tomarán la iniciativa. Les serviría para ganar respeto, que buena falta les hace.
