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Conflictos de intereses

La palabra conflicto se define como: “Apuro, situación desgraciada y de difícil salida” y “punto en que aparece incierto el resultado de la pelea”. Exploremos, entonces, los temas y conflictos que empañan las obras del Gobierno, comenzando por los reveses del Presidente, por manipular los tres órganos del Estado, desconociendo el mandato constitucional de independencia:

1. Caso Almengor: el magistrado José Abel Almengor llegó a la Corte sin pasar por los escalones de formación para merecer dicha promoción. Recordemos que Almengor se autodefinió, a través de TV2, como la piedra en el zapato en una de las salas de la Corte. Las pruebas presentadas por Zulay Rodríguez en su contra dejan poco espacio para las dudas. En un inicio el presidente del Legislativo y el propio Presidente, descartaron las declaraciones de Rodríguez como “bochinches”; el segundo esbozó “asuntos personales entre Almengor y Rodríguez”, declaraciones que llevaban la intención de mitigar el impacto que causaron esas denuncias. Por fortuna, Almengor renunció y el Presidente le aceptó la renuncia.

2. La comisión revisora de la Constitución Nacional: No cuestionamos la designación de los ciudadanos seleccionados para esta revisión, esfuerzo que se realizará en el seno de la Secretaría Ejecutiva de la Concertación Nacional para el Desarrollo de Panamá, según la vocera del Ejecutivo María Fábrega.

Sin embargo, causa extrañeza que el Ejecutivo no tomara en cuenta a los partidos políticos, tanto los afectos al Gobierno como los de oposición e independientes, al igual que a un representante de las iglesias. Se desprende de ello que la sociedad civil ya estaría representada en el seno del comité.

Lo expreso así porque en los sistemas democráticos de sociedades avanzadas, los partidos representan la columna vertebral del sistema. No cabe duda de que el Gobierno, con esta actitud, se ha situado en una lamentable posición de contradicción, al despreciar u otorgar poco valor a los partidos políticos.

Otra anomalía, inconveniente y nociva para la democracia, sería, como parece ser, que el Ejecutivo indique a esta comisión revisora y al Comité Ejecutivo de la Concertación para el Desarrollo cuáles artículos están sujetos a revisión y cuáles no, como pretendía Ítalo Antinori.

Para las reformas del 24 de abril de 1983, se le presentó a la Comisión Revisora la Constitución íntegra de 1972, como base de trabajo, sin ninguna limitación ni condiciones previas. De ocurrir esto así, al estilo Antinori, las reformas serían inválidas, además de estériles, porque buscarían solo el beneficio político del grupo en el poder, en vez de estimular una carta fundamental que robustezca el estado de derecho y culmine, por fin, el método eficaz y rígido de la separación real, no aparente, de los tres órganos del Estado.

Nada gana la República si nos concentramos solo en el tema de la reelección presidencial y no incursionamos, de manera seria, en seleccionar y designar en lo sucesivo al procurador, contralor, magistrados del Tribunal Electoral, defensor del Pueblo, fiscal electoral, magistrados de la Corte y a los directores jefes de los componentes de la fuerza pública. Los pueblos evolucionan y se me ocurre que llegó el momento de examinar la figura de reelección inmediata, siempre que por vía constitucional se acompañe de la segunda vuelta, y por una sola vez para todos los cargos de elección popular.

3- ¿Qué es más prioritario para el bienestar del pueblo y su salud, una torre gigantesca en Ave. Balboa, de 250 millones de dólares, o un nuevo acueducto paralelo al actual, que se nutra de las aguas del río Bayano? Este acueducto sería útil para los próximos cien años, y hoy costaría menos de 100 millones de dólares. La torre tiene un propósito de trofeo político reeleccionista. El acueducto, un importante aporte a la salud del pueblo panameño y su bienestar humano.



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