La ciudadanía consciente de este país celebra que la Corte Suprema de Justicia haya acogido las demandas de inconstitucionalidad interpuestas por el connotado jurista Dr. Carlos Bolívar Pedreschi contra los mal llamados decretos de seguridad nacional del gobierno del PRD. Confiamos en que esta Corte, ahora parcialmente renovada, actuará en concordancia con la doctrina civilista y el espíritu de la reforma constitucional que puso fin al militarismo en Panamá.
Hay que tener presente que mantener separados los estamentos de la Fuerza Pública e imponerles jefaturas civiles fue una decisión constitucional democrática para evitar la concentración de poder armado dentro de esas instituciones. Como complemento, el país se comprometió a convertir los entes policiales en organizaciones civiles con misiones profesionales claramente establecidas, y a consolidar esta nueva visión con fondos adecuados destinados a los servicios de prevención del delito, a las prácticas científicas de investigación, a lograr eficiencia en la labor de los organismos de seguridad ciudadana, y a establecer una íntima comunicación con todos los países del mundo en la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado, el tráfico de armas y el terrorismo. Esta fue la decisión nacional y ella deberá cumplirse.
La acción del Dr. Pedreschi busca el respeto a este ordenamiento constitucional que nos dimos los panameños para validar el profundo deseo de sanar heridas y reconciliarnos finalmente en un permanente entorno de libertad y de seguridad democrática. Esta es una realidad de infinita importancia que el gobierno del PRD está tratando de ignorar con la única finalidad de saciar sus ansias de conservar el poder político y económico que hoy ostentan.
Evidencia de esto es que, en adición al paraguas que nos obsequiaron DeConcini y Omar Torrijos, el gobierno actual se quiere ayudar con uno adicional: el llamado plan Mérida promovido por el secretario de Defensa Robert Gates. Es parte de la estratagema del PRD con los oficiales de las extintas Fuerzas de Defensa enquistados en instituciones de gobierno, y hay indicios de que éstos han adelantado gestiones para acceder a unos dineros que el Departamento de Defensa está dispuesto a asignar a operaciones de corte militar en Panamá bajo la iniciativa de Mérida. Esto no solamente es una amenaza a nuestras libertades públicas, sino un insulto a la Nación. En suma, Panamá nada tiene que hacer en la tal “iniciativa”, que de paso se da en consideración específica de “la amenaza a las vidas y el bienestar de los ciudadanos de Estados Unidos y México”.
Ni la Policía Nacional ni los estamentos afines pueden ser fuerzas complementarias de los intereses geopolíticos o militares de potencias extranjeras. Serlo sería traición a la Patria y contrario a nuestros principios de neutralidad. Y en el caso del Plan Mérida, no podemos admitir como propios sus enunciados ni aceptar que entre las varias exigencias a sus afiliados esté la de la vigilancia (surveillance) indiscriminada, aunque le pongan el ropaje de la necesaria cooperación internacional en la lucha contra el crimen transnacional.
Esta vigilancia, precisamente, es la pretendida función del repudiado Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad (Senis) recién creado en Panamá. Para mayor aclaración, surveillance significa espionaje y seguimiento doméstico, práctica que –expresan personalidades de Estados Unidos– solo incrementa la violencia, la inestabilidad, los abusos contra los derechos humanos, la militarización de la sociedad y el autoritarismo.
El plan Mérida es parte de la doctrina de seguridad nacional que promueve el secretario de Defensa Robert Gates (hoy confirmado en su cargo por el presidente Electo Obama), y representa una prolongación de la mentalidad de Donald Rumsfeld sobre lo que denominó “amenazas del siglo XXI”. Rumsfeld, siniestro personaje, respaldó sus ideas diseñando en muchos países unas “fuerzas armadas” preparadas para supuestamente defender la soberanía nacional, combatir esas amenazas y actuar como complemento de las fuerzas armadas de EU.
Además, plasmó su rechazo a consideraciones en torno a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario por ser un obstáculo en la lucha contra el terrorismo. ¡Tremendo mensaje para los que ansían en nuestro país la vuelta al militarismo! Por todo lo expuesto, es obligación ciudadana hacerle ver a la Corte Suprema que los fundamentos constitucionales logrados democráticamente por la nación panameña no admiten custodios de medias tintas.
