Los informes oficiales del Gobierno dan cuenta de que en los últimos años y, en especial, a partir de las reformas fiscales y de la ley de la Caja de Seguro Social, mismas que se promulgaron en 2005, el país ha experimentado un crecimiento económico (relativo, según algunos especialistas en la materia), el cual –se dice– alcanza el 11.2%, lo que –evidentemente– representa un crecimiento admirable y envidiable, en comparación con otros años y con otras administraciones gubernamentales, circunstancia ésta que –según declaraciones del Gobierno– ha disminuido en un 7.7% el desempleo en el país. Lo anterior debería –lógicamente– traducirse en un mejoramiento en las condiciones sociales y económicas de la mayoría de los panameños, así como en la capacidad de respuestas efectivas del Gobierno a los graves y grandes problemas que presenta el país en materia de salud, educación, transporte, seguridad social, etc. Sin embargo, ello no ha sido así, muy por el contrario, la calidad de los servicios públicos estatales ha decaído sustancialmente y, además, se pronostica que la situación económica de la mayoría de los panameños irá empeorando día tras día
Ante dicha realidad tan preocupante, vale la pena que todos nos preguntemos lo siguiente: ¿Por qué razón el crecimiento económico de marras no se siente, refleja o permea a la mayoría de la población? Según algunos criterios expuestos por economistas y expertos en la materia, ello se debe a que nuestro país atraviesa por una inflación, la que atribuyen a ciertos fenómenos económicos nacionales e internacionales; pero sobre todo al encarecimiento del petróleo, situación que ha disminuido, severamente, el poder adquisitivo de los panameños, especialmente de aquellos que ejercen un oficio o profesión, desmejorándose su capacidad económica y su calidad de vida. De más está decir que en cuanto a los desempleados y sub-empleados, la situación es mucho más dramática y patética, tomando en cuenta que éstos viven entre la pobreza y la extrema pobreza. Paradójicamente, tal desventaja económica parece que no se extiende, en lo absoluto, a los grandes empresarios y a las personas o grupos de personas con mucho poder político, quienes sí parecieran estar disfrutando del boom económico que se refleja en el país.
El asunto reviste aristas y connotaciones extremadamente técnicas, difíciles y complejas, cuya explicación científica, amplia y profunda –en todo caso– correspondería a sociólogos, economistas u otros especialistas en este tipo de temas; sin embargo, me atrevo a opinar que –entre las causas del desequilibrio social y económico señalado– juega un papel preponderante la "corrupción pública interna", que, como se sabe, constituye una de las conductas ilícitas y/o ilegales que más daño le hace al desarrollo socio–económico y político de cualquier país, por cuanto un altísimo porcentaje del capital que se genera en éste, producto de su actividad económica, se concentra en unas cuantas manos peludas e inescrupulosas, que solo pueden pertenecer a empresarios corruptos y a servidores públicos corruptos, circunstancia negativa ésta que constituye un factor multiplicador de la pobreza.
En Panamá, por ejemplo, tanto a nivel nacional como internacional (para nuestra vergüenza), se ha denunciado que hay muchísima corrupción pública; sin embargo, esta jamás ha sido combatida efectivamente por ningún gobierno "democrático" posterior a la época de la dictadura militar, que, de más de está decirlo, también dio muestra de una increíble y repudiable corrupción pública; pero sin que muchos ciudadanos podamos afirmar cuál puede ser calificada de la más rapaz, desenfrenada y depredadora, la de la época militar o la de la época "democrática", ya que, no pareciera haber ninguna diferencia; algunos quizás dirían que ha sido peor la de los últimos cuatro lustros. De allí que las denuncias públicas y penales que en contra de la corrupción se han hecho no han llegado a ningún resultado positivo y satisfactorio, en lo que a justicia se refiere, pues siempre se entrelazan los más oscuros e inconfesables intereses personales o de grupos, para que, al final de cuentas, prevalezca a favor de los autores, partícipes y cómplices de este tipo de conductas ilícitas, que mucho daño y perjuicios le ocasionan a la sociedad, en general, la más absurda, descarada y frustrante impunidad.
Por ello, soy del firme criterio que la sociedad civil, a través de las últimas organizaciones que la conforman (vg. religiosas, sociales, humanitarias, profesionales, obreras, etc.) en vez de perder el tiempo y distraer al pueblo con su participación en "Comisiones de Estado" que solo han servido para apaciguar y/o controlar determinadas crisis sociales del país, sin que –efectivamente–, le hayan encontrado una solución a sus causas o motivos, debieran abocarse a la tarea de crear y participar en un movimiento o frente cívico nacional e independiente, que tengan solo dos objetivos fundamentales: primero, desplegar una campaña para orientar a los panameños sobre los elementos o aspectos que debe tener muy en cuenta al momento de elegir un candidato a puesto de elección, en especial, al Presidente de la República, quien deberá ser aquél candidato que tenga mejores y mejores cualidades de estadista; y segundo, exigir a todos y cada uno de los candidatos a la Presidencia de la República, así como al partido o los partidos políticos que lo respaldan y/o a quienes representan, que se comprometan públicamente con ejecutar las acciones políticas, constitucionales y legales necesarias, a fin de dotar a la República de Panamá de una nueva Constitución Política, a través de una Asamblea Constituyente Paralela, por cuanto la que nos rige actualmente, representa el mamotreto jurídico–político que –cada cinco años– permite que la nave del Estado sea tripulada por algunos políticos que podríamos comparar con Alí Babá y su cuadrilla de ladrones, quienes –mediante falsas promesas– llegan a altos cargos públicos, no para trabajar en función de los intereses nacionales, sino en función de sus intereses personales, fomentando cada vez más la corrupción, la pobreza, la delincuencia, la inseguridad social, la incertidumbre jurídica, la violencia y, en fin, los grandes problemas que aquejan a la República, en donde –evidentemente– se ha hecho una regla general y aceptada que impere la ley de la corrupción y no el estado de derecho.
Si la sociedad civil y los panameños independientes, en general, nos cruzamos de brazos en la coyuntura política venidera, que Dios nos coja confesados a todos, y que después nadie llore.
