No cabe duda de que el director de la Policía Nacional, licenciado Rolando Mirones, exhibe esmero y preocupación por hacer una buena labor en beneficio de la seguridad ciudadana, sin embargo, insiste en ciertos yerros que deslucen estos esfuerzos. Por ejemplo, el director ha reiterado que "nunca antes se había realizado una limpieza y depuración en ese cuerpo, como él lo hace hoy".
Considero que estas declaraciones indelicadas generan conflictos ya que, evidentemente, sacrifican principios éticos, sobre todo para con los directores que le antecedieron en el mismo cargo. Sobre el particular, imagino que el clamor respuesta de los ex directores podría ser: "Nunca antes desde que se creó la Policía Nacional, por donde han desfilado otros directores civiles como Asvat, Menéndez Franco, Sossa, Barés y Pérez, los niveles de corrupción habían crecido tanto, al extremo que hoy desbordan y alarman a la opinión pública"; cosa que parece cierta. Sin embargo, debo reconocerle al director el acierto que conllevan sus declaraciones, de que la descomposición que ha hecho crisis en su administración, inició su fermento en una de las administraciones anteriores, precisando, cuando el ex director Carlos Barés introdujo y reglamentó en la Policía Nacional, ¡seguro lleno de buena fe! la libertad de sus subalternos uniformados para lograr ingresos extra con el fin de mejorar el funcionamiento de los cuarteles y para bienestar de los policías, mediante el sistema conocido com "autogestión". Pero este modelo muy pronto degeneró en una tentación hacia el abuso y dio luz verde para la "rebusca o coima institucionalizada".
Con el cambio hacia el gobierno actual, los directores Pérez y Mirones debieron erradicar de raíz este modelo pernicioso creado al margen de la Ley Nacional del Presupuesto; el cual no deja de ser un dique frágil y vulnerable para algunos jefes inescrupulosos y corruptos que puedan surgir en un futuro de la vida institucional.
En la administración pública de un Estado moderno donde impera el derecho y la ley, todos los recursos y fondos para el funcionamiento de las instituciones del Estado, ¡deben ser parte de la Ley del Presupuesto Nacional! y estar bajo el riguroso control y supervisión de la Contraloría General de la República.
Sinceramente, aunque no pongo en dudas la honradez de estos dos directores, Pérez y Mirones, sí me extraña de ambos que habiendo sido, uno, subcontralor y, el otro, director nacional de Ingresos, hayan perpetuado este peligroso vicio administrativo que allí encontraron y, hay que decirlo constructivamente, con la indiferencia y tolerancia del contralor general de la República actual y el anterior, licenciado Alvin Weeden.
Aunque el director Mirones y el contralor han querido mitigar este manejo irregular y fuera de la Ley del Presupuesto, con una especie de auditoría especial cosmética, no han logrado extinguir la fuente de sospechas, comentarios y malos ejemplos que contamina el pensamiento de la oficialidad subalterna, ya que a los auditores designados con el tiempo, los absorbe y neutraliza el cuerpo influyente y poder de la Policía; y de hecho se convierten y obedecen más al director de la Policía, que al propio contralor de la República. Vale agregar que esta irregularidad contrasta y viola sin duda alguna la Ley de Transparencia.
Vistas así las cosas, nos preguntamos, ¿por qué se le permite a un funcionario público, el privilegio o excepción de contar con dos fuentes de ingresos presupuestarios, el de Ley de Presupuesto y la autogestión?; ¿puede entonces el Servicio Aéreo y Servicio Marítimo operar líneas de transporte comercial con las naves y funcionarios pagos por el Estado, hacia Bocas del Toro y Darién?; ¿podría brindarse el mismo privilegio al MOP, Mida, Idaan, para gestionar ingresos extra a base de contratos privados de carreteras y movimiento de tierras, acueductos en fincas privadas? Para finalizar, con mi respeto acostumbrado, llamo la atención a nuestro presidente Martín Torrijos así: Se comete un abuso en perjuicio de la salud del policía. Los policías que en su tiempo libre deben dedicar el tiempo al descanso y a la familia, prestan un servicio especial a las empresas privadas con pago directo a la dirección de la Policía Nacional.
El policía recibe de la institución un porcentaje de dicho pago, quizás el 50% y el otro 50% pasa al fondo de autogestión. Pregunto, ¿es o no una explotación de la salud y fuerza de trabajo de este policía?, ¿puede rendir un servicio eficiente este policía que sacrificó su tiempo de descanso reglamentario para generar recursos extra a la institución?
Vale agregar que el abuso se extiende a que ciertos ciudadanos deben pagar un impuesto adicional o "coima disfrazada" por la seguridad de sus actividades comerciales.
