El inicio del año escolar debió ser de regocijo para el país, sin embargo, el trauma se apoderó de la educación y, tal como ha sido práctica común, con las gravísimas condiciones de las infraestructuras físicas, el proceso educativo profundiza su crisis al no permitir el ingreso uniforme de todos los estudiantes a los centros escolares.
Lo más desafortunado de todo es que es un mal de nunca acabar y, peor aun, cuando las altas autoridades hacen denodados esfuerzos por explicar y hasta justificar el estado desastroso de muchos planteles. Ausente está una política administrativa de ordenamiento y mantenimiento sostenido, a pesar de existir los recursos económicos para tal fin.
Ahora, en una decisión a todas luces impensada y hasta contraria a lo planteado en la Ley 47 Orgánica de Educación de 1946, el Ministerio de Educación (Meduca) dispone trasladar responsabilidades a las juntas comunales, para la adecuación de algunas escuelas. Guardando las proporciones, con esta decisión pareciera darse lo mismo que ocurrió con los recursos económicos asignados por los diputados a las juntas comunales, acción muy cuestionada y, quizás, recurrida legalmente.
El Meduca mueve el centro de interés y pone al director regional de Educación, a quien por ley le corresponde el tratamiento de todo lo relativo a las operaciones, mantenimiento e inversiones de escuelas y colegios, en un plano subalterno con relación al representante de corregimiento y, además, hace un tanto igual con la Dirección Regional de Educación y las juntas comunales.
Se viola así, de forma flagrante, la Ley 47 Orgánica de Educación de 1946, en varios de sus artículos (40 y 42), por cuanto queda claro que es el director regional de Educación quien tiene la misión de “construir y darle mantenimiento a la infraestructura escolar” e “identificar las necesidades de construcción, mantenimiento y reparación de los edificios escolares, así como de adquisición, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo, de acuerdo a la demanda educativa”.
Se incorpora, una vez más, el elemento político a la educación, puesto que la figura del representante de corregimiento es eminentemente política y, desde luego, le dará ese contenido a cualquier acción, y mucho más cuando se trata de educación. Al final terminará reclamando para él, el éxito de cualquier gestión.
Si se trata de un ensayo para ir asomando la descentralización, no debe ser sobre la base de la improvisación. Es incorrecto que el Meduca apueste a elementos foráneos al sistema, y no a los propios, que son los que conocen su naturaleza y que a diario conviven con los problemas. Además es importante que el Ejecutivo asigne los recursos económicos señalados en la ley, como una obligación, a las direcciones regionales de Educación. Al final, se afecta la sociedad si el Meduca frente a problemas como el de los planteles en mal estado pretende resolverlos no en el fondo, sino en la forma, que a propósito no es buena.
