Frente al problema de la corrupción se llegó a un consenso indescriptible entre los miembros de la sociedad y sus instituciones, sin embargo, el flagelo social se mantiene a lo largo de la historia, a pesar de los diversos intentos por eliminar todas sus formas y expresiones.
La corrupción se presenta de distintas maneras, pero en esencia consiste en ventajas ilícitas que los funcionarios obtienen para sí mismos y/o por medio de sus asociados. Estas ventajas se logran a partir de su posición laboral, relaciones políticas, vínculos sociales, estatus económico y al utilizar su condición para ejercer poder y garantizar la obtención de algo de forma ilícita.
Entonces, ¿cómo enfrentamos de forma efectiva este tipo de corrupción? Lo primero es partir por la premisa de que lo común es que la gente toma decisiones racionales pensando en su beneficio propio, muchas veces sin que le importe que las consecuencias sean altas. Lo poco común es que a pesar de estar en posiciones en que pueden obtener ventajas ilícitas, no hacen uso de ellas. Esto nos dice que la solución no está en la gente, sino en las estructuras y las normas.
Hay una frase muy popular que dice: “El sistema corrompe” o “el sistema lo corrompió”. Es decir que encontrar a una persona íntegra es como buscar una aguja en un pajar. Y además, hay que tener la esperanza de que frente a la forma cómo está hecho el Estado, debe contar con la fortaleza necesaria para no ser corrompido (a) por el propio sistema.
Pensemos en las vías para reducir el problema. No podemos esperar que la disminución de los niveles de corrupción se basen en la búsqueda incansable de personas honestas e inquebrantables ante la ilegalidad. Más bien, deberíamos considerar que ese tipo de personas no existe y, por lo tanto, las normas y estructuras deben estar diseñadas para que al deshonesto no le quede margen para actuar.
La democracia se debe enfrentar a la contradicción que se debate entre los deseos de los ciudadanos, y que quienes toman las decisiones lo hagan inspirados en el bien común. Y además, que ese poder tenga los controles institucionales para que no se atente contra los intereses de la colectividad.
Es momento de hacer un alto, como país. Debemos realizar grandes cambios. Los gobernantes no pueden seguir pensando que por el hecho de haber sido electos por la mayoría popular, tienen el derecho y el deber de decidir lo que a ellos les parezca.
Para decirlo de otra manera, es necesario reformar el Estado por completo y dotarlo de los pesos y contrapesos que tienen que ver con el control dentro del aparato estatal, la división de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y respetar la autonomía de las agencias de supervisión como la Defensoría del Pueblo y la Contraloría, para evitar los actos de corrupción.